El 21 de febrero de 2022, la Corte Constitucional tomó una decisión crucial en favor de los derechos reproductivos de millones de mujeres y personas gestantes en el país. Tras un prolongado debate, el tribunal aceptó la demanda presentada por el movimiento Justa Causa, que solicitaba la eliminación del delito de aborto.
¿Es posible que la Corte Constitucional revoque el aborto legal? Expertos han evaluado el proyecto de ley impulsado por la bancada provida para entender las posibilidades de que esto ocurra.
Los principales argumentos de las demandantes afirmaban que la ley anterior infringía la Constitución Política de 1991 y violaba los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
Luego de examinar los argumentos a favor y en contra, el alto tribunal flexibilizó las restricciones sobre el aborto, facilitando el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y anulando la sentencia C-355 de 2006, que permitía el aborto solo bajo tres causales específicas.
Aborto legal hasta la semana 24 A partir de 2022, la Corte Constitucional estableció que todas las personas embarazadas pueden acceder a un aborto legal en un centro de salud dentro de las primeras 24 semanas. De este modo, se garantiza el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres en Colombia.
Con la despenalización del aborto hasta la semana 24, cualquier persona gestante puede tomar la decisión sobre su cuerpo y hacerlo de manera segura, sin poner en riesgo su vida en lugares clandestinos.
Con la decisión en firme, quienes deseen interrumpir su embarazo pueden solicitar el servicio a través de su Entidad Promotora de Salud (EPS) o Institución Prestadora de Salud (IPS). El personal médico no puede exigir razones detalladas para la intervención, y las EPS están obligadas a ofrecer toda la información necesaria sobre el proceso y las opciones disponibles.
A pesar del fallo de la Corte, aún persisten barreras como la desinformación y la negligencia médica para acceder a un aborto seguro. Sin embargo, con la resolución 051 de 2023, el Ministerio de Salud ha establecido la gratuidad de los procedimientos relacionados con el aborto, incluidos en el Plan de Beneficios en Salud, sin copagos o cuotas moderadoras.
La normativa actual obliga a los prestadores de servicios de salud a mantener el secreto profesional y prohíbe realizar denuncias penales contra quienes abortan, ya que la IVE está reconocida como un derecho reproductivo.
Las niñas y adolescentes pueden acceder a este procedimiento sin la necesidad de autorización de sus padres o representantes, incluso si estos no están de acuerdo. Además, las personas gestantes migrantes en situación irregular también tienen derecho a la interrupción del embarazo sin ningún costo.
La resolución 051 de 2023 también prohíbe algunas prácticas, como la conformación de juntas médicas para decidir sobre la IVE, la autorización de suplementación oral, o la derivación a consultas previas. El incumplimiento de estas disposiciones puede acarrear sanciones administrativas, disciplinarias o penales.