Ganaderos denuncian estafa y cuestionan versión oficial tras captura.
Redacción Extra
Jesús David Rojas Ayala y Sandra Patricia Yalamayo, comerciantes de ganado en la ciudad de Tunja, hicieron pública su versión sobre los hechos ocurridos el pasado 22 de marzo de 2026 en el municipio de Tuta, donde fueron capturados por el presunto delito de abigeato. Según relataron, actualmente se encuentran en libertad luego de que su situación fuera analizada por la Fiscalía General de la Nación, específicamente por la seccional 47 URI de Tunja.
De acuerdo con los implicados, su actividad económica se ha centrado durante años en la compra y venta de ganado en plazas reconocidas de la región como Tuta, Sogamoso, Siachoque y Tunja, donde aseguran contar con una trayectoria de más de 30 años en el caso familiar y 10 años en ejercicio personal, desarrollada —según indican— de manera honesta y transparente.
En relación con el caso, explicaron que el domingo 22 de marzo realizaron la compra de un ternero en una plaza de mercado, transacción que, afirman, se llevó a cabo de buena fe. Sin embargo, posteriormente una ciudadana señaló que el animal habría sido hurtado, lo que derivó en su captura por parte de unidades de la Policía Nacional de Colombia. Los comerciantes sostienen que no tuvieron oportunidad de explicar su versión en el lugar de los hechos y que fueron trasladados a la Fiscalía como presuntos responsables del delito.
Tras el proceso inicial, indicaron que las autoridades judiciales determinaron que ellos también habrían sido víctimas de una estafa, al haber adquirido un animal sin conocer su origen ilícito. No obstante, señalaron que la situación no terminó con su liberación, ya que aseguran estar siendo objeto de señalamientos públicos que afectan su reputación.
En particular, cuestionaron declaraciones atribuidas a una oficial de la Policía en Tuta, quien —según los denunciantes— habría afirmado que fueron capturados en flagrancia mientras cometían el hurto del animal. Esta versión es rechazada por los comerciantes, quienes insisten en que su captura se produjo en una plaza de mercado y no en el lugar donde presuntamente ocurrió el robo.
Ante esta situación, Rojas Ayala y Yalamayo manifestaron que consideran haber sido víctimas no solo de estafa, sino también de una posible vulneración a su buen nombre, por lo que anunciaron acciones legales por presuntos delitos de injuria y calumnia contra la institución policial y la funcionaria señalada.
El caso pone sobre la mesa las tensiones entre los procedimientos operativos y las garantías de los ciudadanos, así como la importancia de esclarecer con rigor los hechos antes de emitir pronunciamientos oficiales. Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar responsabilidades en este caso que involucra tanto a presuntas víctimas como a posibles responsables del delito original.
