El sector empresarial y comercial de la frontera colombo-ecuatoriana permanece atento a la determinación que adopte el Gobierno de Ecuador frente a la posible eliminación de los aranceles impuestos a productos colombianos, medida que podría representar un respiro económico para cientos de comerciantes de la región.
Óscar Obando, representante del sector, manifestó que la permanencia de estas restricciones ha golpeado fuertemente la dinámica comercial en la frontera, afectando tanto a empresarios como a trabajadores vinculados a distintas actividades económicas.
Según explicó, una eventual suspensión de los aranceles permitiría recuperar parte del flujo comercial entre ambos países y contribuiría a estabilizar la economía local, actualmente impactada por la disminución en las ventas y el intercambio binacional.
El dirigente gremial señaló además que, si Ecuador decide no acatar las disposiciones emitidas por la Comunidad Andina de Naciones (CAN), correspondería al Gobierno colombiano evaluar medidas recíprocas y trasladar el caso nuevamente al escenario internacional para su revisión.
Obando recordó que las normas establecidas dentro de la CAN fueron acordadas por los países miembros y deben cumplirse en el marco del Acuerdo de Cartagena, insistiendo en la necesidad de respetar los compromisos comunitarios para evitar mayores afectaciones económicas.
Es de recordar que, el plazo impuesto por la Comunidad Andina (CAN) para que Colombia y Ecuador eliminen sus aranceles recíprocos venció el 21 de mayo de 2026. A pesar del vencimiento del plazo, los aranceles continúan vigentes. El gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa decidió no desmontar la medida y optó por una estrategia legal de última hora, interponiendo recursos de reconsideración y acciones de nulidad ante la CAN para defender su denominada «tasa de seguridad». Por su parte, el gobierno colombiano manifestó su total disposición a levantar sus aranceles (los cuales oscilan entre el 35% y el 75% para productos ecuatorianos), siempre y cuando Ecuador proceda a hacer lo mismo con sus gravámenes.
De acuerdo con estimaciones del sector, las pérdidas derivadas de esta situación superarían los 400 millones de dólares, panorama que ya habría provocado cierres de establecimientos comerciales y reducción de empleos en diferentes actividades relacionadas con el comercio fronterizo.
