El 6 de abril de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro y el Gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, anunciaron la desmovilización de Comuneros del Sur, una disidencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional Eln, que opera en esta zona sur del país y, la entrega, por parte de sus integrantes, de armas y explosivos.
Como es de suponer la noticia, causó un enorme impacto no solo a nivel nacional, sino internacional, puesto que fue tomada como el primer grupo armado que se desmovilizaba en Colombia, en el marco del proceso de Paz Total, del presidente Petro, así como un éxito de la llamada Pas Territorial del mandatario departamental de Nariño.
Es de anotar que el anuncio de la desmovilización de Comuneros del Sur, representó en su momento, un avance simbólico en la política de Paz Total, del presidente Gustavo Petro, a pesar de su impacto muy limitado, a consecuencia de la continuidad e incremento de las acciones de otros grupos armados en las diferentes regiones de Colombia.
Pero un poco más de un año después el balance no puede ser peor. No solo, Comuneros del Sur, no se desmovilizó, sino que es permanente protagonista en esta zona sur del país, de sangrientos enfrentamientos con estructuras de las disidencias de las Farc, (Frente Franco Benavides del Estado Mayor Central).
Es de resaltar al respecto que el Frente Comuneros del Sur, tiene como zona de influencia a Nariño, departamento que tiene el mayor número de cultivos de coca en el sur de Colombia y numerosos puertos de salida para el tráfico internacional de cocaína.
Gran crisis humanitaria
Estos enfrentamientos que acabaron con la esperanza de la Paz Territorial en Nariño, generan en estos momentos una grave crisis humanitaria en el departamento, la cual se prolonga desde el año anterior.
Se trata de los desplazamientos de más de mil personas en municipios como Linares y Cumbitara en la cordillera nariñense.
En efecto, en Linares, se han registrado intensos combates en veredas como La Cocha, Tambillo de Bravos y Parapetos. Como resultado de estos episodios de violencia se presenta un masivo desplazamiento de campesinos, hacia el casco urbano, lo que origina una grave problemática social.
Igual situación se afronta en el municipio de Cumbitara, donde de acuerdo con la información suministrada por la Defensoría del Pueblo, más de doscientas personas se vieron obligadas a desplazarse al verse en medio del fuego en desarrollo de los combates entre Comuneros del Sur y las disidencias de las Farc.
Disputa por territorios
Al respecto, las autoridades, señalan que los enfrentamientos que protagonizan las disidencias del Eln y las Farc, se deben a una disputa por el control de economías ilícitas y rutas de movilidad ilegal para el transporte de cocaína, en la subregión occidental de Nariño.
En ese sentido, se indicó que las dos organizaciones alzadas en armas, basan sus economías en el narcotráfico, en la zona del paìs, que más cultivos de coca tiene en el país, lo que ha dado lugar al incremento de los enfrentamientos.
Miles de afectados
Debido a estos hechos, el impacto humanitario y de seguridad, afecta la vida de miles de personas. En ese sentido, los campesinos denuncian riesgos por explosivos, ya que manifiestan los integrantes de las disidencias del Eln y las Farc, en desarrollo de sus enfrentamientos, han colocado en varias zonas rurales, minas antipersonal y explosivos.
A consecuencia de las graves afectaciones que viene sufriendo la población campesina, entre la que se encuentra un alto número de mujeres y niños, organizaciones como Pares, hacen reiterados llamados de atención estatal frente a los desplazamientos, confinamientos y riesgo inminente en las poblaciones.
TITULO (RECUADRO)
Explosivos y drogas
Pese a los discursos de la Gobernación de Nariño, en cabeza del gobernador Luis Alfonso Escobar, sobre la paz territorial como eje de su estrategia de seguridad, para analistas políticos y oposición, hechos recientes de violencia y resultados de la Fuerza Pública muestran un panorama distinto, que apuntan a que sigue en vigor el actuar delincuencial de grupos al margen de la ley y la sombra de la violencia que toca a la población, algo que evidencia que la problemática de seguridad continúa golpeando al departamento.
Inquietante panorama
En el presente mes de julio, la Fuerza Pública ha neutralizado explosivos, destruido laboratorios para el procesamiento de drogas y golpeado estructuras armadas ilegales que continúan operando en diferentes municipios de Nariño. Justamente, la ubicación de explosivos, destrucción de laboratorios y la persistencia de hechos violentos reflejan que los grupos armados ilegales continúan actuando con capacidad operativa, a pesar de los esfuerzos institucionales por avanzar en escenarios de diálogo por parte del gobernador.
Casos recientes
Uno de los casos más recientes ocurrió en zona rural del municipio de Barbacoas, donde el Ejército neutralizó una amenaza terrorista. Tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 14, de la Fuerza de Tarea Hércules, destruyeron de manera controlada un depósito ilegal que contenía aproximadamente 100 kilogramos de explosivos y 52 medios de activación.
De acuerdo con información de inteligencia militar, este material pertenecería a la Estructura Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y habría sido acondicionado para atacar a unidades de la Fuerza Pública y afectar infraestructura del Estado. Según el Ejército, la carga explosiva tenía un radio de destrucción superior a los 200 metros, por lo que su neutralización evitó una tragedia de grandes proporciones para la población civil.
En otra acción, el Ejército destruyó un laboratorio con capacidad para producir hasta cuatro toneladas mensuales de clorhidrato de cocaína, donde además fueron halladas dos toneladas del estupefaciente en zona rural del municipio de Córdoba. Según las autoridades, esta infraestructura pertenecería al GAO-r Comandos de Frontera.
Deterioro de la seguridad
Para los analistas, si bien los resultados representan importantes golpes de la Fuerza Pública contra las economías ilícitas y las estructuras criminales, también dejan al descubierto una realidad preocupante: los grupos armados ilegales mantienen presencia, capacidad logística y recursos para continuar delinquiendo en diferentes zonas del departamento, todo esto mientras el Gobierno Departamental busca de manera inútil, avanzar en diálogos territoriales de paz.
A este panorama se suma el deterioro de la seguridad en municipios como Ricaurte, donde durante el último mes se han registrado dos dobles homicidios. Para analistas políticos, estos episodios reflejan que, más allá de los discursos institucionales, amplias zonas de Nariño continúan enfrentando una compleja situación de orden público.
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Explosivos bajo tierra
La triste realidad es que mientras se habla de Paz Territorial en el departamento, las autoridades de Nariño, siguen descubriendo múltiples caletas con material de guerra, explosivos y drogas ilícitas.
Se trata de alarmantes hallazgos que se registran en zonas rurales de Tumaco y la costa Pacífica de Nariño, así como en las diferentes vías del departamento.
Es así como, de manera reciente, en Tumaco, las tropas hallaron un depósito ilegal con cien minas antipersonas y artefactos explosivos, enterrados en una ladera.
Igualmente, en el cumplimiento de un control vial en Altaquer zona rural de Tumaco, en desarrollo de un control vial, la Policía detuvo en la vía una camioneta. En ese vehículo, las autoridades encontraron una caleta con 1.740 cartuchos de calibres 5.56 y, 7.62, además de nueve proveedores para fusil. En el marco del operativo, una persona fue privada de la libertad.
Al respecto es de anotar que, en las últimas semanas, se ha incrementado, el número de casos en los que, en las inspecciones de la Seccional de Tránsito de Nariño, se descubren en los vehículos, compartimientos ocultos, que contienen base de coca, armas y explosivos.
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Una gran decepción
Lo que en un comienzo despertó expectativas de avanzar hacia la construcción de una paz territorial en el departamento de Nariño, hoy es visto por diversos sectores como un proceso que no alcanzó los resultados esperados frente al restablecimiento del orden público en la región.
El proceso impulsado por el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, y el grupo Comuneros del Sur, una disidencia del ELN, inició con un ambiente de optimismo tras la entrega de material de guerra por parte de esa organización armada, un hecho que fue presentado como una señal de compromiso con los esfuerzos de desescalamiento del conflicto y de búsqueda de alternativas para la reconciliación en el departamento.
Sin embargo, el panorama de seguridad ha cambiado de manera significativa durante los últimos meses. En varias zonas del departamento persisten enfrentamientos entre diferentes estructuras armadas ilegales, especialmente entre los Comuneros del Sur y disidencias de las FARC, situación que ha generado preocupación entre las autoridades locales, los líderes comunitarios y la población civil.
Los constantes combates han tenido repercusiones en distintos municipios de Nariño, donde las comunidades denuncian restricciones a la movilidad, temor por nuevos hechos de violencia y afectaciones a las actividades económicas y sociales. Esta realidad ha llevado a que diversos analistas y dirigentes regionales cuestionen los resultados alcanzados por el proceso de paz territorial.
Para varios observadores, la expectativa de que el diálogo permitiera reducir la confrontación armada y devolver la tranquilidad a las comunidades no se ha materializado. Por el contrario, consideran que el recrudecimiento de los enfrentamientos demuestra la complejidad del conflicto y la necesidad de fortalecer las estrategias institucionales para proteger a la población civil.
Un urgente llamado
Mientras tanto, los habitantes de las zonas afectadas reiteran su llamado al Gobierno Nacional, a la Gobernación de Nariño y a todos los actores involucrados para que se adopten medidas eficaces que permitan detener la violencia y garantizar condiciones reales de seguridad.
El desafío continúa siendo alcanzar una paz estable y duradera que trascienda los acuerdos iniciales y se traduzca en hechos concretos para las comunidades, las cuales siguen siendo las principales afectadas por la persistencia del conflicto armado en el departamento de Nariño.
