El máximo comandante del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Antonio García, volvió a proponer al Gobierno del presidente Gustavo Petro la firma de un “acuerdo nacional” como salida a la crisis social, política y armada que atraviesa Colombia. La insistencia se da en medio de crecientes tensiones entre la guerrilla y el Ejecutivo colombiano.
En un mensaje difundido por la organización, García afirmó que anteriores iniciativas de negociación —incluidas las adelantadas por el actual Gobierno— no han generado transformaciones estructurales ni puesto fin al conflicto. Por ello, planteó la construcción de una instancia amplia que reúna a distintos sectores políticos, sociales y comunitarios para debatir soluciones para el país.
Propuesta de “acuerdo nacional” y postura del ELN
La propuesta del ELN no se limita al Gobierno actual: según García, el llamado al “acuerdo nacional” busca articular una agenda de cambio que trascienda administraciones, con políticas orientadas a la soberanía, la erradicación de la pobreza y la atención a las desigualdades estructurales que han marcado la historia de Colombia.
Este nuevo pronunciamiento se suma a otro comunicado emitido el 12 de enero, en el que la guerrilla detalló los objetivos de su iniciativa, incluyendo propuestas sobre participación ciudadana, justicia social y desarrollo económico.
Negación de vínculos con el narcotráfico
En medio de la polémica, García también negó rotundamente que el ELN tenga vínculos directos con el narcotráfico, a pesar de acusaciones públicas del Gobierno. Según el jefe guerrillero, la organización no participa en la producción ni comercialización de drogas, y describió como un “impuesto” las sumas que recauda en territorios bajo su control, comparándolo con mecanismos tributarios.
Sin embargo, analistas y autoridades han señalado a grupos armados como el ELN por su relación con economías ilícitas, lo que constituye uno de los principales obstáculos para reanudar diálogos formales de paz.
Contexto político y de seguridad
La propuesta ocurre en un momento de estancamiento de las conversaciones entre el ELN y el Gobierno, tras un aumento de enfrentamientos en regiones como el Catatumbo y otros territorios rurales, que llevaron a la suspensión de las mesas de diálogo en 2025.
Hasta ahora, el presidente Petro no ha dado una respuesta oficial al nuevo llamado a un acuerdo nacional, mientras el conflicto armado y la violencia asociada a economías ilegales siguen generando desafíos significativos para la seguridad en Colombia.
