Después de un impasse diplomático entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, las deportaciones de ciudadanos colombianos desde territorio estadounidense han sido retomadas bajo nuevas condiciones. La disputa inició cuando el presidente Gustavo Petro se negó a recibir vuelos militares con deportados, en respuesta a lo que calificó como un trato indigno por parte del gobierno de Donald Trump.
La negativa llevó a una respuesta contundente de Trump, quien amenazó con imponer aranceles del 25% a las exportaciones colombianas, afectando sectores clave como el café y las flores. Para evitar un impacto económico adverso, Colombia aceptó la repatriación de migrantes, pero con la condición de que fueran trasladados en aviones de la Fuerza Aérea Colombiana en lugar de aeronaves estadounidenses.
Este martes, dos aviones militares colombianos aterrizaron en Bogotá con más de 200 deportados, incluyendo 21 menores y dos mujeres embarazadas. Algunos de los migrantes denunciaron que en vuelos anteriores organizados por EE.UU. fueron tratados como criminales, con esposas y grilletes en pies y manos. Organizaciones de derechos humanos han criticado esta práctica y han solicitado una revisión de los protocolos de deportación.
Por su parte, el gobierno de Trump justificó estas medidas argumentando razones de seguridad, aunque las autoridades colombianas han asegurado que la mayoría de los deportados no tienen antecedentes penales y que la migración irregular es un problema estructural que debe abordarse desde una perspectiva humanitaria.