Bajada: El Gobierno argumentó que la participación en la Coalición por la Igualdad de Derechos no era prioritaria para su política exterior. Organizaciones sociales y la Defensoría del Pueblo pidieron aclarar el alcance de la decisión y garantizar que no afecte la protección de esta población.
Cuerpo de la noticia
El Gobierno de Colombia decidió retirar al país de la Coalición por la Igualdad de Derechos (Equal Rights Coalition, ERC), una alianza internacional integrada por gobiernos y organizaciones de la sociedad civil que trabaja en asuntos relacionados con los derechos de las personas LGBTIQ+.
La decisión fue comunicada el 17 de septiembre por la Cancillería, mediante una carta dirigida al Comité Ejecutivo de la coalición y al Gobierno de España. Colombia ejercía la copresidencia del mecanismo junto con ese país para el periodo 2025-2027, por lo que la salida se produjo antes de finalizar dicho mandato.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, la determinación se tomó después de analizar las prioridades de la política exterior y establecer que la participación en este mecanismo no era prioritaria. El viceministro de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional, Pedro Agustín Roa, sostuvo que la salida no representa una afectación de los derechos de la población LGBTIQ+, al señalar que Colombia cuenta con protección constitucional, legislación, políticas públicas y decisiones de la Corte Constitucional relacionadas con la igualdad y la orientación sexual.
La decisión, sin embargo, provocó cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos. Caribe Afirmativo, que participaba en la copresidencia como representante de la sociedad civil colombiana, pidió al Gobierno explicar las razones del retiro y definir cómo continuará la agenda de igualdad y diversidad dentro de la política exterior. La organización también manifestó preocupación por el impacto diplomático de abandonar la coalición antes de concluir el periodo de liderazgo.
La Defensoría del Pueblo también solicitó información a la Cancillería sobre los fundamentos y el alcance de la decisión. La entidad señaló que la salida no debe traducirse en una reducción de las garantías para las personas LGBTIQ+ y recordó que las obligaciones de igualdad y no discriminación son permanentes para el Estado colombiano.
El pronunciamiento de la Defensoría se produjo en un contexto de violencia contra esta población. Según cifras de la Fiscalía citadas por la entidad, en 2025 se registraron 74 asesinatos de personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas, incluidos 27 transfeminicidios. Para 2026, con corte al 19 de agosto, se habían reportado 31 asesinatos, de los cuales 17 correspondían a transfeminicidios.
La Coalición por la Igualdad de Derechos trabaja en áreas como diplomacia internacional, legislación y políticas públicas, coordinación de cooperación, Objetivos de Desarrollo Sostenible y protección humanitaria. Su salida no modifica por sí misma las normas nacionales que reconocen derechos a las personas LGBTIQ+, pero organizaciones sociales y la Defensoría han planteado que será necesario observar cómo esta decisión se refleja en la política exterior y en la participación internacional de Colombia en materia de igualdad.
