El Gobierno de Colombia, encabezado por el presidente Gustavo Petro, ha implementado un aumento histórico del salario mínimo para 2026 cercano al 23,7%, una decisión que rompe con décadas de ajustes más moderados y que ha encendido el debate económico y social en todo el país.
Este incremento, decretado tras un fracaso en las negociaciones tripartitas entre trabajadores, empleadores y el Gobierno, coloca el salario mínimo mensual legal en aproximadamente 1.750.905 pesos colombianos, al que se suma un auxilio de transporte de 249.095 pesos, totalizando cerca de 2 millones de pesos.
Ante la magnitud del ajuste —muy por encima de las recomendaciones tradicionales basadas en inflación y productividad—, autoridades económicas, asociaciones empresariales y analistas han comenzado a mirar modelos comparativos en otras economías que han transitado por aumentos salariales importantes: Brasil, México y España.
Brasil: una experiencia con resultados mixtos
Durante el primer gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), Brasil adoptó una política salarial que combinaba el ajuste por inflación y el crecimiento del PIB de años anteriores, lo que resultó en un incremento nominal del salario mínimo de casi 100% en ese periodo y más de 53% en términos reales.
Ese crecimiento real del salario mínimo permitió mejorar significativamente el ingreso de millones de hogares, especialmente en un país donde cerca de un tercio de la fuerza laboral depende de este ingreso. Sin embargo, el mayor salario también tuvo efectos en las finanzas públicas: las pensiones están indexadas al mínimo, por lo que las cuentas del Estado vieron aumentos de gasto y una mayor presión fiscal.
En cuanto a inflación, los economistas brasileños destacaron que no hubo un salto descontrolado de precios, aunque sí se mantuvo una política monetaria conservadora durante buena parte del periodo para contener posibles presiones.
México: informalidad como amortiguador del impacto
En 2019, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador implementó un ajuste histórico, duplicando el salario mínimo en zonas fronterizas, lo que implicó un alza de hasta 100% en algunas áreas. Esta medida estuvo acompañada de una rebaja del IVA en esas regiones, lo que complicó el análisis independiente de cada política.
Los estudios realizados por especialistas del Banco de México señalaron que, aunque se observó un efecto al alza en algunos precios —estimado en un 1,2% atribuible solo al aumento salarial—, la rebaja del IVA tuvo un efecto compensatorio, reduciendo precios en alrededor de 2,5%.
Una característica clave de México es su alta informalidad laboral, cercana al 55%, lo que sirvió como amortiguador para que los mayores costos salariales no se tradujeran de forma automática en precios en sectores con gran presencia de trabajadores informales. No obstante, investigaciones sobre empleo formal sugirieron efectos negativos temporales, aunque tendieron a disiparse en el mediano plazo.
España: disminución en la velocidad de empleo
El caso español suele mencionarse como un ejemplo de advertencia. A finales de 2018, bajo el gobierno de Pedro Sánchez, el salario mínimo legal aumentó 22% en un año, similar al porcentaje colombiano.
Según economistas españoles, ese salto no destruyó empleo de manera directa, pero sí ralentizó el ritmo de creación de puestos de trabajo, especialmente en pequeñas y medianas empresas con márgenes de utilidad más ajustados. Otro hallazgo fue que la redistribución de ingresos fue menor de lo esperado en términos de reducción de pobreza, debido a que muchos trabajadores ya percibían salarios cercanos al mínimo.
Debate en Colombia: inflación, empleo y sostenibilidad
El contexto colombiano agrega capas de complejidad. La economía presenta:
- Inflación que ronda el 5%, muy por debajo del incremento decretado para 2026.
- Tasas de desempleo relativamente bajas, aunque la informalidad laboral sigue siendo alta.
- Presión de grupos empresariales que argumentan que un incremento tan alto puede elevar los costos de producción y reducir la contratación formal.
Por su parte, funcionarios han señalado que el Gobierno podría implementar controles de precios o medidas para desindexar ciertos bienes y servicios que tradicionalmente se ajustan automáticamente con la subida del salario mínimo, con el objetivo de mitigar las presiones inflacionarias.
Además, al ubicar el salario mínimo colombiano cerca del nivel de muchos países de América Latina, se abre una discusión sobre competitividad y capacidad de absorción por parte de las empresas locales.
Conclusión
La decisión de ajustar el salario mínimo en Colombia por encima del 23% ha colocado al país en una encrucijada: mejorar el poder adquisitivo de millones de trabajadores y, al mismo tiempo, gestionar los efectos económicos que políticas similares han tenido en otras naciones. Las experiencias de Brasil, México y España ofrecen lecciones variadas: desde mejoras reales en ingresos con efectos fiscales y de gasto público, hasta impactos mixtos sobre empleo formal y precios.