El Gobierno colombiano respondió con dureza al anuncio del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sobre la eliminación de los aranceles aplicados a productos colombianos, al considerar que la medida fue presentada de manera “engañosa” y descontextualizada frente a las decisiones adoptadas por la Comunidad Andina.
A través de un comunicado oficial, la Cancillería de Colombia señaló que la derogación de la denominada “tasa de seguridad” no corresponde a una decisión unilateral ni a un gesto político voluntario, sino al cumplimiento de disposiciones emitidas por la Comunidad Andina (CAN) en el marco de la controversia comercial entre ambos países.
La reacción colombiana se produjo luego de que Noboa anunciara el levantamiento de los aranceles durante una videollamada con Abelardo de la Espriella, difundida en redes sociales a pocos días de la primera vuelta presidencial en Colombia.
Durante la conversación, el mandatario ecuatoriano afirmó que desde el 1 de junio los productos colombianos dejarían de pagar la tasa de seguridad impuesta por su gobierno. Sin embargo, para Bogotá, el contexto en el que se realizó el anuncio genera preocupación por una posible intervención en asuntos internos del país.
En su pronunciamiento, la Cancillería advirtió que la participación de un jefe de Estado extranjero en conversaciones de carácter político-electoral puede interpretarse como una vulneración del principio de no intervención y de la soberanía nacional.
La ministra de Comercio, Diana Morales, respaldó la posición oficial y cuestionó que una decisión de política comercial fuera presentada públicamente junto a una figura que no ejerce funciones de gobierno. Según la funcionaria, el levantamiento de las restricciones responde a decisiones institucionales adoptadas dentro del sistema andino y no a acuerdos políticos particulares.
La controversia tiene origen a comienzos de 2026, cuando el gobierno ecuatoriano impuso una tasa de seguridad a las importaciones colombianas argumentando preocupaciones relacionadas con el narcotráfico y la criminalidad en la zona fronteriza.
El gravamen comenzó con una tarifa del 30 %, posteriormente aumentó al 50 % y alcanzó el 100 % desde el pasado 1 de mayo, generando críticas de empresarios y comerciantes de ambos países por sus efectos sobre el intercambio comercial.
Ante la disputa, la Secretaría General de la Comunidad Andina ordenó a Colombia y Ecuador desmontar las medidas arancelarias adoptadas durante el conflicto y otorgó un plazo de diez días hábiles para su eliminación.
Con la entrada en vigor de la decisión, se espera que el comercio bilateral retome condiciones normales, aunque el episodio ha dejado nuevas tensiones diplomáticas entre los gobiernos de Gustavo Petro y Daniel Noboa, en un momento especialmente sensible por el proceso electoral colombiano.
