El presidente Abelardo de la Espriella firmó este martes el Decreto 1368, mediante el cual se levanta la suspensión general que durante años había restringido el porte de armas de fuego por parte de personas que cuentan con los permisos correspondientes. La decisión permite nuevamente que quienes tengan salvoconductos vigentes puedan portar las armas bajo las condiciones establecidas por la legislación colombiana.
El Gobierno sostiene que la medida no significa un porte indiscriminado ni elimina los controles. Las personas deberán continuar cumpliendo los requisitos legales y obtener las autorizaciones correspondientes. El anuncio generó inmediatamente un fuerte debate político y de seguridad, pues sus defensores consideran que los ciudadanos legalmente autorizados deben poder protegerse, mientras que sus críticos advierten sobre el riesgo de que las armas legales terminen en manos de organizaciones criminales.



