El Gobierno de Colombia, liderado por el presidente Gustavo Petro, presentó este 18 de febrero de 2026 un recurso de súplica ante el Consejo de Estado con el objetivo de revocar la decisión que suspendió provisionalmente el aumento del salario mínimo para 2026. Esta acción busca restablecer el incremento salarial decretado y mantener sus efectos mientras se define la legalidad del decreto.
La controversia se originó tras la suspensión temporal del decreto que fijó un aumento de casi el 23 % para el salario mínimo del próximo año, medida decretada en diciembre de 2025 por el Gobierno y que varios sectores consideran histórica. El Consejo de Estado ordenó la suspensión al considerar que el acto administrativo no cumplió plenamente los criterios técnicos exigidos por la ley.
Qué busca el recurso de súplica
El recurso presentado por la Presidencia, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Hacienda argumenta que la decisión judicial excedió los límites de una medida cautelar, ya que —según el Gobierno— no habría un daño irreversible ni criterios claros que justificaran la suspensión inmediata del aumento salarial. Además, se sostiene que la medida adoptada por el alto tribunal anticipó un juicio de fondo sin agotar el proceso legal correspondiente.
Con esta acción, el Ejecutivo pretende que el decreto que estableció el salario mínimo en aproximadamente $2 000 000 con auxilio de transporte pueda seguir aplicándose mientras el Consejo de Estado revisa de fondo la legalidad del acto administrativo. La decisión final de la corporación será determinante para la estabilidad jurídica del salario mínimo en Colombia este año.
Impacto y debate en torno al salario mínimo
La suspensión del incremento ha generado debate nacional sobre el impacto económico y social de la medida. Por un lado, algunos sectores apoyan el aumento como una forma de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la inflación y la desigualdad. Por otro, analistas económicos y algunos gremios expresan preocupación por los efectos que un alza abrupta puede tener en la formalidad del empleo y los costos laborales de las empresas. {{$turn1news17}}
El próximo paso en este proceso es la decisión del Consejo de Estado sobre el recurso de súplica y, posteriormente, el estudio de fondo sobre la constitucionalidad y la argumentación técnica del decreto original. Esta definición no solo tendrá efectos sobre millones de trabajadores colombianos, sino también sobre el clima económico y político previo a las elecciones nacionales de 2026.
