Las élites transnacionales han utilizado el colonialismo, el genocidio, la guerra, ocupación y masacres para explotar a los pueblos. Sin embargo, en la medida que las naciones soberanas se han enfrentado a estas hordas, han debido cambiar sus tácticas recurriendo a los golpes blandos, es decir, utilizando los Medios Masivos de Desinformación y el uso de las esferas judiciales o parlamentarias donde la Fiscalía es su arma mortal, tal como ocurre en Perú donde se ha llegado al rechazo para dictar detención domiciliaria contra Alberto Fujimori por la masacre de Pativilca.

Esto también está sucediendo en Guatemala donde el presidente progresista Bernardo Arévalo asume el gobierno y, de inmediato, comienza el ataque espurio de las clases ricas a través de sus órganos claves: Fiscalía y Procuraduría.

Así, la fiscal General ordena prohibir su investidura, sancionar al partido de gobierno, impedir proyectos sociales, con el fin de desestabilizar el proyecto político de cambio en favor del pueblo guatemalteco. Aún más, esta fiscal ha sido considerado en el propio Estados Unidos como un funcionario corrupto.

En Colombia es similar ya que el uso de la Fiscalía como herramienta de desestabilización, junto con la Procuraduría, se convierten en los arietes para caotizar el país y mantenerlo en la ruina…que es donde estaba.

El fiscal general, Francisco Barbosa, confronta al presidente Gustavo Petro, se opone a ser investigado u obedecer las órdenes del mandatario y, además de participar como ponente de la oposición, ordena que mientras el sea removido una amiga personal lo reemplace mientras se nombra en propiedad este funcionario.

En su haber se encuentra una evaluación negativa de su proceder administrativo y judicial, confirmado por la periodista y reconocida investigadora Diana Calderón, quien demuestra una gestión mediocre y que raya en la indisciplina jurídica al amparar ciertos casos e incentivar otros con prontitud ideológicamente contraria a sus intereses.

La sociedad colombiana exige basado en el estado social de derecho la elección de nueva fiscal sin dilación por la Corte Suprema. Ello indicará que la democracia aún está vigente.