El presidente Gustavo Petro y el Ministerio de Salud denunciaron un profundo desequilibrio en el sistema de salud colombiano, al revelar que mientras 150 clínicas privadas registraron utilidades netas por 5,22 billones de pesos durante 2024, los hospitales públicos del país enfrentan una grave crisis financiera, con problemas de liquidez y riesgo de quiebra.
La denuncia fue hecha por el propio mandatario a través de su cuenta en X, donde señaló que existe un modelo de contratación que favorece el desvío de recursos públicos hacia clínicas privadas, muchas de ellas vinculadas a dueños de EPS o a redes de corrupción, en detrimento de la red pública hospitalaria. Petro calificó este fenómeno como un “ordeño del sistema de salud”, al advertir que el dinero que debería garantizar atención pública termina concentrado en actores privados.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, respaldó de forma contundente las afirmaciones del presidente y cuestionó el discurso según el cual el sistema estaría en pérdidas por falta de recursos. Según el funcionario, el problema central no es la financiación, sino la mala administración y el desvío de los recursos, que han sido utilizados con fines distintos a los establecidos por la ley.
Jaramillo explicó que esta situación constituye una de las principales justificaciones para la declaratoria de la Emergencia Económica, al tratarse de una crisis estructural que se arrastra desde hace más de una década. En particular, señaló decisiones adoptadas en 2014, cuando se eliminaron los aportes patronales a la salud, trasladando el peso del financiamiento al presupuesto general de la Nación y a los impuestos que pagan todos los ciudadanos.
De acuerdo con el ministro, el desmontaje de esos aportes empresariales generó exenciones acumuladas cercanas a los 46 billones de pesos, debilitando la sostenibilidad del sistema y aumentando la presión fiscal sobre el Estado. En la práctica, el sistema pasó a financiarse mayoritariamente con recursos públicos, mientras se mantuvo un esquema de aseguramiento que, según el Gobierno, no cumple adecuadamente sus funciones.
Jaramillo también destacó que, contrario a las críticas, el actual gobierno ha realizado un incremento histórico del gasto en salud, con un aumento del 51,4 % frente a la administración anterior. Esto representa 25 billones de pesos adicionales y un crecimiento de 1,4 puntos del PIB destinados al sector. Asimismo, la Unidad de Pago por Capitación (UPC) registró un incremento real del 30,4 %, equivalente a 22,9 billones de pesos, lo que demuestra —según el Ejecutivo— que sí hay recursos suficientes en el sistema.
En ese sentido, el ministro fue enfático al concluir que la crisis del sistema de salud no obedece a la falta de dinero, sino al incumplimiento de las funciones de aseguramiento por parte de algunas EPS, que no estarían garantizando una correcta administración, flujo oportuno de recursos ni atención adecuada a los usuarios.
En síntesis, el Gobierno sostiene que el sistema de salud colombiano atraviesa una crisis provocada por años de decisiones estructurales, privilegios al sector privado, eliminación de aportes empresariales y fallas en el modelo de aseguramiento, mientras que los recursos públicos continúan creciendo sin reflejarse en la estabilidad de los hospitales públicos. Para el Ejecutivo, el debate de fondo no es cuánto dinero entra al sistema, sino quién lo administra, cómo se usa y a quién termina beneficiando.
