Ayer la representante a la Cámara de Cambio Radical Carolina Arbeláez radicó una proposición para citar al Gobierno a un debate de control político por la situación de invasiones ilegales de tierras que se vienen presentando en algunas zonas del país.
El objetivo es que se entreguen explicaciones ante la plenaria de Cámara, por lo que se llamó a los ministros de Interior Alfonso Prada, de Defensa Iván Velázquez, y de Justicia Néstor Osuna, al igual que los directores de la Policía Nacional, la Agencia Nacional de Tierras, la Sociedad de Activos Especiales y de la Unidad de Víctimas, además del defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Algunas de las interrogantes planteadas son cuántas denuncias han recibido de ganaderos y propietarios rurales desde el 7 de agosto a la fecha, cuántas intervenciones y procesos de avasallamiento se han realizado, y cuál es el protocolo que tienen establecido la Policía y las otras entidades.
En los próximos días, la mesa directiva de la Cámara de Representantes informará la fecha exacta en la que se realizará este debate, al que fueron invitados también el fiscal general Francisco Barbosa y la procuradora Margarita Cabello.
Grupo especial
Precisamente respecto, a esta situación, el fiscal Barbosa, señalo que nombró a un grupo especializado de fiscales e investigadores, para investigar los casos de invasión de tierras, usurpación de bienes y avasallamiento, que vienen siendo denunciados en varias regiones del territorio nacional.
“Va a ser un equipo itinerante, que va a recaudar todos los elementos materiales probatorios para proceder en la judicialización de los casos que sean pertinentes», expresó.
Según el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en el momento 5 mil 968 familias ocupan tierras ilegalmente en el país. Son 108 casos en 32 municipios del país, hecho que, advirtió, puede derivar en un estallido social y en un escalamiento de la violencia en Colombia.
Investigaciones diferentes
El fiscal general Francisco Barbosa señaló que las investigaciones que se realicen por estos hechos serán diferenciales, con el propósito de tener una visión clara y en contexto sobre las distintas circunstancias que rodean el fenómeno de la invasión de tierras en cada territorio; y en estricto apego a los parámetros definidos en la Constitución Política de Colombia, el Código Penal y diferentes normas que rigen la materia.
“Lo que hemos encontrado es que en algunos lugares (…) existen unos diálogos sobre la base de las dinámicas propias de las regiones, pero en otras regiones hemos visto grupos delincuenciales y personas que lo único que quieren es usurpar derechos que no les competen”, enfatizó el fiscal Barbosa Delgado.
“Una cosa es tratar de entender unos fenómenos que están ocurriendo y otra cosa es que, mientras se atienden esas consideraciones, nosotros tenemos que ser enfáticos en que la propiedad es un derecho fundamental que hay que hacer respetar en Colombia”, indicó.
