El senador boyacense Ciro Alejandro Ramírez Cortés anunció que interpondrá un recurso de apelación contra la condena de 23 años y tres meses de prisión impuesta por la Corte Suprema de Justicia, luego de que el alto tribunal lo hallara responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.
La decisión judicial, conocida recientemente, se enmarca en el denominado caso “Marionetas”, una de las investigaciones más relevantes de los últimos años en materia de corrupción política en Colombia. Este proceso involucra presuntas irregularidades en la asignación de contratos públicos, que habrían permitido el desvío de aproximadamente 90.000 millones de pesos destinados a obras de infraestructura.
Tras conocerse el fallo, Ramírez Cortés reiteró su inocencia y cuestionó la solidez de las pruebas presentadas en su contra. Según el congresista, la sentencia no logra demostrar de manera concluyente su participación en los hechos investigados, por lo que insistió en que acudirá a las instancias legales correspondientes para revertir la decisión.
“La apelación será una oportunidad para demostrar que no existen fundamentos suficientes que sustenten esta condena”, señaló el senador, quien además afirmó que continuará ejerciendo su defensa con el respaldo de su equipo jurídico.
El caso “Marionetas” ha generado un fuerte impacto en la opinión pública, debido a la magnitud de los recursos comprometidos y a la presunta red de corrupción que habría operado para direccionar contratos a cambio de beneficios económicos. Las autoridades han señalado que esta estructura involucraría a varios actores políticos y funcionarios públicos.
Con la apelación, el proceso entrará en una nueva etapa judicial en la que se revisarán los argumentos de la defensa y se evaluará la legalidad del fallo emitido en primera instancia. Mientras tanto, el caso sigue siendo objeto de seguimiento nacional, en medio de un creciente llamado ciudadano por mayor transparencia y sanciones ejemplares frente a la corrupción en la contratación estatal.
