El sábado 29 de noviembre de 2025, el expresidente de Estados Unidos Donald J. Trump anunció a través de su cuenta en la red social Truth Social que el espacio aéreo “sobre y alrededor de” Venezuela debía considerarse “cerrado en su totalidad”. En su mensaje, dirigido a “aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas”, Trump sentenció: “please consider THE AIRSPACE ABOVE AND SURROUNDING VENEZUELA TO BE CLOSED IN ITS ENTIRETY.”
La declaración marca un escalamiento significativo en la confrontación entre Washington y Caracas, en medio de una campaña de presión política, diplomática y militar por parte del gobierno estadounidense. Esta medida se enmarca en una estrategia más amplia: recientemente, el gobierno de Trump ha desplegado buques de guerra en el Caribe, autorizado operaciones encubiertas de su agencia de inteligencia, y realizado bombardeos a embarcaciones que, según él, estarían vinculadas al narcotráfico.
La reacción del gobierno venezolano no se hizo esperar. A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Caracas calificó la medida como una “amenaza colonialista”, denunciando que constituye un “acto hostil, unilateral y arbitrario” que vulnera su soberanía, el Derecho Internacional y las normas de la aviation civil internacional.
Según el comunicado oficial, Venezuela exige el “respeto irrestricto” de su espacio aéreo y advierte que “no aceptará órdenes, amenazas ni injerencias de ningún poder extranjero”; además, identifica la declaración como una “agresión extravagante, ilegal e injustificada”.
La tensión va más allá del simbolismo: como consecuencia de la advertencia de Trump y de una alerta previa emitida por la agencia estadounidense de aviación civil (la Federal Aviation Administration, FAA), varias aerolíneas internacionales anunciaron la suspensión de vuelos hacia y desde Venezuela. Frente a esto, Caracas revocó las licencias de operación a seis compañías aéreas que habían suspendido sus rutas, generando gran incertidumbre entre pasajeros, migrantes y líneas de transporte aéreo.
En su tono más severo, algunos analistas describen la medida de un posible preludio a acciones militares más contundentes, argumentando que un “cierre total del espacio aéreo” suele preceder bloqueos, ataques o intervención directa. El anuncio, advierten, no solo afecta al gobierno de turno, sino que podría golpe ar a la población civil: interrupción de vuelos comerciales y humanitarios, dificultades para la entrada de suministros esenciales, e impacto en la ya frágil economía venezolana.
Por su parte, portavoces del gobierno venezolano han instado a organismos internacionales, incluida la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Naciones Unidas, a condenar lo que califican de “agresión inmoral” y proteger la soberanía territorial de Venezuela.
En medio de este clima de confrontación diplomática y militar, persisten múltiples interrogantes: ¿Se concretará una zona de exclusión aérea? ¿Qué implicaciones tendría para la población venezolana, los migrantes y las aerolíneas internacionales? ¿Será esta una medida estratégica más allá del discurso mediático? Por ahora, lo que está claro es que la tensión entre Washington y Caracas se ha elevado a un nuevo nivel, con repercusiones directas sobre la soberanía, la aviación civil y la estabilidad regional.