El anuncio del senador Iván Cepeda de convocar a una «desobediencia civil pacífica» y condicionar su reconocimiento al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella desató una intensa confrontación política en el país. El debate no solo divide a los congresistas en el Capitolio, sino que ha encendido las alarmas entre analistas y sectores de la oposición tradicional por el impacto que esta postura pueda tener sobre la estabilidad democrática.
Cepeda supeditó el reconocimiento de la nueva administración a exigencias tajantes hacia De la Espriella, tales como la renuncia a una eventual ciudadanía estadounidense, aclarar supuestos nexos con agencias de seguridad norteamericanas y el compromiso explícito de no extraditar al presidente saliente Gustavo Petro. Mientras el Pacto Histórico blinda la propuesta alegando la defensa de la soberanía nacional, detractores califican el hecho como un preocupante desconocimiento anticipado de los resultados electorales.
Respaldo absoluto desde el Pacto Histórico Las bancadas de izquierda cerraron filas de inmediato en torno a Cepeda. El senador Wilson Arias calificó la medida como legítima y urgente, sugiriendo que la seguridad nacional podría estar comprometida debido al pasado de De la Espriella como abogado en EE. UU. y a presuntos vínculos con la DEA o la CIA. En la misma línea, el representante a la Cámara Alfredo Mondragón respaldó la movilización, argumentando que es un acto válido para exigir garantías de que el presidente electo defenderá los intereses colombianos y no los del Estado norteamericano.
Duras críticas desde el Centro Democrático y la academia La respuesta de los sectores afines al nuevo mandatario no se hizo esperar. El senador del Centro Democrático, Christian Garcés, arremetió contra Cepeda tachando su actitud de «antidemocrática» y recordándole su obligación constitucional de acatar la voluntad soberana de las mayorías. «La voluntad de la ciudadanía al elegir presidente no está sujeta a condiciones de quienes perdieron», sentenció Garcés.
Por su parte, el diputado del Valle, Rafael Rodríguez, cuestionó severamente el temor del petrismo a la extradición de su líder, afirmando que si se comprueban nexos criminales del gobierno saliente, se debe responder ante la justicia. Finalmente, el analista económico Edwin Maldonado sumó su voz de alerta recordando que, pese a las graves investigaciones y tensiones institucionales que rodearon la campaña y mandato de Gustavo Petro, la oposición de ese momento jamás recurrió a la desobediencia civil, tramitando todas sus diferencias mediante los mecanismos democráticos existentes.
