Colombia es un país donde, de acuerdo con los más recientes informes de la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas, la población de ciudadanos afectados por el conflicto armado interno llegó a 10.216.759.
La cifra se convierte en un indicador de la importancia de las actuaciones adelantadas por el Estado, a través de entidades como la Superintendencia de Notariado y Registro, cuyo compromiso es avanzar en la reparación integral, lo que implica garantizarles a estas personas que aquello que les fue arrebatado no volverá a ser vulnerado.
Esta institución, en el último cuatrienio, ha beneficiado a 3.942 de los colombianos que, de forma colectiva o individual, han sufrido daños como consecuencia de las acciones o las omisiones ocurridas en el marco de la guerra.
Con la titulación de cada predio, concebido como el escenario en el que ellos intentan reescribir su historia, la SNR, de la mano con alcaldías y gobernaciones, ha sido clave en la lucha para lograr que estos ciudadanos crucen la línea de la ilegalidad en la tenencia de la tierra y recuperen una parte de lo que la violencia les quitó.
“Continuamos aportando a la construcción de un país en paz. Rechazamos el terrorismo, porque es el peor mecanismo. Avanzamos contra esta y cualquier otra estrategia de presión y le apostamos a una sociedad justa y pacífica”, afirma el superintendente de Notariado y Registro, Ricardo Agudelo Sedano.
Según el funcionario, el ‘Programa de Formalización y Saneamiento de la Propiedad Urbana’ se ha consolidado como una de las más grandes banderas institucionales, no sólo por su impacto estadístico y jurídico, sino porque toca lo más esencial del ser humano: El derecho a una vivienda adecuada, digna y propia.
“Para el Gobierno Nacional, esta es una política clave; la herramienta eficaz para garantizar el acceso a un derecho fundamental. Estamos hablando del derecho a la propiedad privada, como base de la proyección de vida y la seguridad de las familias colombianas”, agrega.
Las cifras
Meta, con 3.003 víctimas beneficiadas; y Cesar, con 452, son los departamentos más favorecidos por este proceso de regularización. Les siguen Putumayo, con 185; y Córdoba, con 156. Estas regiones, históricamente, integran la categoría de las más golpeadas por la violencia.
De este grupo de nuevos dueños reales, 2.593 (65,77 %) son madres cabeza de familia y 1.349 (34,22
%) son padres jefe de hogar. Estos números confirman el compromiso de la entidad con las víctimas y, especialmente, con las mujeres.
“La Supernotariado trabaja para derribar las barreras estructurales que impiden la igualdad ante la justicia, en términos de leyes discriminatorias, prácticas sociales nocivas y sistemas legales débiles, que van en contravía del bienestar de los ciudadanos. Esto incluye, por supuesto, a las personas afectadas por la guerra”, explica el Superintendente de Notariado y Registro.
La meta, concluye el funcionario, es brindarles a todos la seguridad de la tenencia, es decir, garantizarles protección jurídica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas.
Durante más de seis décadas de conflicto armado, millones de colombianos han buscado una falsa estabilidad, en asentamientos informales. El hecho de que, ahora, algunos de ellos obtengan su título de propiedad es un gran acierto y el comienzo de un nuevo capítulo en su historia.
