La posibilidad de realizar operaciones militares conjuntas entre Colombia y Estados Unidos contra organizaciones dedicadas al narcotráfico y el terrorismo generó reacciones encontradas entre diferentes sectores políticos del país.
La controversia surgió luego de que el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmara que Colombia había solicitado la participación estadounidense en operaciones conjuntas para combatir el narcoterrorismo. El anuncio se produjo después de que Colombia ingresara al denominado Escudo de las Américas, una iniciativa regional impulsada por Estados Unidos para enfrentar el tráfico de drogas y las estructuras criminales.
El senador Iván Cepeda cuestionó duramente la posibilidad de una participación militar estadounidense en territorio colombiano. El dirigente advirtió sobre los riesgos que, a su juicio, podría representar para la soberanía nacional una intervención directa de fuerzas extranjeras.
El expresidente Gustavo Petro también se pronunció en contra de que tropas extranjeras puedan ingresar al país para realizar operaciones militares sin cumplir los procedimientos establecidos por la Constitución. Petro señaló que Colombia tiene experiencia en la lucha contra el narcotráfico y sostuvo que la cooperación internacional puede ser positiva, pero no debe convertirse en autorización para que extranjeros realicen acciones militares contra ciudadanos colombianos.
Una posición diferente expresó el expresidente Álvaro Uribe. El exmandatario respaldó la cooperación con Estados Unidos y afirmó que el apoyo en equipos, tecnología e inteligencia puede fortalecer a las Fuerzas Armadas colombianas y contribuir a recuperar el control estatal en las zonas afectadas por grupos narcoterroristas.
Desde Salvación Nacional, la representante Carol Borda también respaldó la cooperación con Estados Unidos. Borda sostuvo que Colombia necesita aliados, inteligencia y operaciones efectivas para enfrentar a las organizaciones criminales y recuperar la autoridad del Estado.
Hasta el momento, no se conocen todos los detalles sobre el alcance concreto de las operaciones mencionadas por Hegseth. Tampoco está claro si se contempla la presencia directa de tropas estadounidenses en Colombia o si se trata de un fortalecimiento de los mecanismos de cooperación militar, inteligencia y seguridad que ya existen entre ambos países.
En caso de que se autorice el ingreso, tránsito o permanencia de tropas, buques o aeronaves militares extranjeras en territorio colombiano, deberán cumplirse los procedimientos constitucionales correspondientes. El anuncio, por ahora, mantiene abierto un debate político sobre los límites de la cooperación militar con Estados Unidos y la defensa de la soberanía nacional.
