En una decisión histórica que sacude el panorama político colombiano, el Senado de la República decretó la silla vacía del senador Ciro Ramírez, miembro destacado del Centro Democrático, el principal partido de oposición al Gobierno de Gustavo Petro. La resolución, fechada el 19 de febrero de 2024, se basa en una orden de captura emitida por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia el 14 de diciembre de 2023.
Vinculado
La captura de Ramírez se vincula a presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. Estos cargos se sustentan en las irregularidades detectadas en contratos suscritos entre el Departamento para la Prosperidad Social y la empresa Proyecta Quindío, donde Ramírez habría buscado fortalecer su capital electoral en varias regiones del país.
Decisión
La resolución del Senado, irrevocable y sin posibilidad de recurso, entra en vigencia desde su expedición el 19 de febrero de 2024. Con esta medida, el Centro Democrático pierde una curul en el Senado, reduciendo su representación de 13 a 12 senadores.
Además de la pérdida de la curul, el Senado suspende el pago de honorarios y desvincula al personal de la Unidad de Trabajo Legislativo de Ramírez, que hasta entonces continuaba recibiendo su salario.
Implicado
La red de corrupción en la que se implica a Ciro Ramírez se considera una continuación del entramado liderado por el fallecido Mario Castaño. Según el testimonio clave de Pablo César Herrera, gerente de Proyecta Quindío, Ramírez y otros implicados planificaron proyectos de vivienda, vías y plazas de mercado, destinados a influenciar políticamente en diversas regiones.
Adicionalmente, Herrera reveló en un interrogatorio que el senador Ramírez intentó silenciarlo durante una visita a la cárcel en octubre de 2022. La Fiscalía General de la Nación investiga estas acciones, donde se sugiere que se ofreció dinero para mantener el silencio del exgerente de Proyecta Quindío.
Consecuencias
Esta noticia marca un hito en la lucha contra la corrupción en Colombia, evidenciando las consecuencias legales para los líderes políticos involucrados en prácticas ilícitas. La decisión del Senado no solo impacta al Centro Democrático, sino que resalta la importancia de mantener la integridad en la gestión pública.