La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) anunció que el próximo 8 de marzo, realizará su primera marcha con el propósito de reafirmar su compromiso con los derechos de las mujeres y exigir la aprobación de las diferentes reformas sociales que se discuten en el Congreso de la República.
El presidente de la entidad, Fabio Arias, señaló que históricamente, la CUT ha rechazado el patriarcado, no solo en la defensa de los derechos laborales, sino también en su lucha contra la opresión en todas sus formas.
“La situación de las mujeres en el país, tanto en el ámbito laboral como en lo social, sigue siendo motivo de preocupación. Datos recientes del Dane muestran que la brecha salarial entre hombres y mujeres se mantiene en torno al 18-20%, mientras que un elevado porcentaje de mujeres, entre el 50% y el 60% está en el sector informal, evidenciando la precariedad de sus condiciones laborales”, dijo.
Barreras
Apuntó que, además, los observatorios de mujeres en el país, destacan que las barreras para acceder a puestos de decisión y la exposición a múltiples formas de violencia y discriminación son problemáticas que requieren respuestas urgentes y estructurales.
La CUT hace un llamado al gobierno y a la sociedad en general para que se implementen medidas que aseguren: El respeto y la equidad salarial: Exigiendo el cierre de la brecha salarial mediante políticas públicas que reconozcan el valor del trabajo femenino en condiciones de igualdad.
Fomentar
Subrayó que se debe fomentar la formalización del empleo, promoviendo estrategias que reduzcan la alta incidencia de informalidad en el mercado laboral femenino, garantizando así mejores condiciones de protección social.
“La transformación social integral: Impulsando reformas que abordan no sólo las cuestiones económicas, sino también las barreras culturales y estructurales que impiden a las mujeres acceder a posiciones de liderazgo y tomar parte activa en la toma de decisiones”, explicó Arias.
Sostuvo que la erradicación de la violencia y la discriminación, se debe fortalecer los mecanismos de protección y garantizando la implementación efectiva de políticas que prevengan y sancionen cualquier forma de violencia y discriminación contra las mujeres.