El reconocido periodista colombiano Juan Pablo Barrientos afirmó que una reciente orden judicial para retirar de internet una investigación publicada por el medio independiente CasaMacondo constituye “una clara censura” y un ataque a la libertad de prensa en Colombia. La decisión, emitida por la jueza Primera Penal del Circuito de Neiva, Catalina María Manrique Calderón, obliga a eliminar de la web y de plataformas digitales todas las publicaciones referentes a una investigación sobre el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, que datan de 2025.
La orden judicial se tomó en segunda instancia con el argumento de proteger los derechos fundamentales al buen nombre, la honra y la intimidad del magistrado Ibáñez y de la madre de su hijo, Yolanda Inés Robles Ramírez, tras una entrevista publicada en agosto pasado por CasaMacondo en la que el togado hacía declaraciones sobre un proceso de filiación y paternidad que llamó la atención pública.
La orden de supresión y sus antecedentes
La investigación periodística en cuestión —realizada por Barrientos— relataba hechos que involucraban la desaparición de un expediente judicial relacionado con la filiación y paternidad de Ibáñez, así como declaraciones controversiales del magistrado en las que aseguraba haber sido víctima de abuso sexual durante una interacción con la madre del menor. Según la juez Manrique Calderón, la publicación de esas afirmaciones —aunque provenientes de la propia entrevista— habría vulnerado la esfera privada de las personas involucradas.
La orden exige que CasaMacondo borre todo el contenido relacionado del sitio web en un plazo de cinco días y que publique una nota informando sobre la retirada del contenido por orden judicial, la cual deberá permanecer visible al menos 30 días.
Barrientos califica la decisión como censura
En diálogo con El Espectador, Juan Pablo Barrientos aseguró que la medida judicial no protege derechos fundamentales reales sino que limita el ejercicio del periodismo independiente. Según él, la decisión judicial favorece a un funcionario poderoso y revictimiza a las partes afectadas, además de implicar un precedente peligroso para el acceso a la información de interés público.
Barrientos anunció que presentará una solicitud de revisión ante la Corte Constitucional, apoyado por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), organización que ha criticado la decisión por lo que considera una afectación desproporcionada al derecho a la libre expresión y al trabajo periodístico.
Debate sobre límites y libertad de prensa
El caso ha encendido un debate nacional sobre los límites entre derechos al buen nombre y la libertad de prensa. Por un lado, quienes apoyan la decisión judicial sostienen que las declaraciones podrían haber causado daño reputacional y vulnerado la privacidad. Por el otro, periodistas, organizaciones defensoras de libertades civiles y expertos jurídicos alertan sobre los riesgos de que órdenes de este tipo se utilicen para silenciar investigaciones de interés público, especialmente cuando estas implican a funcionarios de alto rango.
El fallo se produce en un contexto en que la discusión pública sobre la justicia, transparencia y rendición de cuentas en Colombia ya ha sido intensa, con múltiples polémicas sobre decisiones judiciales y casos que involucran a altos funcionarios.
