La representante a la Cámara Cathy Juvinao se refirió a la controversia generada por una colecta de dinero promovida por el congresista Óscar Benavides para apoyar a comunidades afectadas por el terremoto en Chocó. El caso llegó a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia mediante una denuncia que solicita establecer cómo fueron recibidos y administrados los recursos.
Según la información conocida, Benavides difundió cuentas para recibir aportes destinados a las personas afectadas por la emergencia y posteriormente aseguró que la campaña había reunido más de 300 millones de pesos. Sin embargo, surgieron cuestionamientos porque algunas de las cuentas publicadas aparecerían a nombre de personas naturales y no de una organización dedicada formalmente a administrar las donaciones.
La denuncia fue presentada por Daniel David Martínez, quien pidió a la Corte establecer quién recibió los recursos, bajo qué figura fueron manejados, qué organización estaría encargada de administrarlos, cuánto dinero ingresó, cómo fue utilizado y cuál es el saldo disponible.
En medio de la discusión, Juvinao sostuvo que los congresistas pueden promover campañas de solidaridad, realizar donaciones personales y divulgar canales oficiales para recibir ayudas, pero cuestionó que un funcionario público reciba aportes ciudadanos en cuentas privadas para posteriormente administrarlos.
La representante señaló que, en estos casos, deben existir mecanismos que permitan conocer el origen y destino de los recursos. Entre los aspectos que considera necesario esclarecer están los titulares de las cuentas, las personas encargadas de autorizar los gastos, los soportes de las compras, los beneficiarios y la existencia de una fundación que, según Benavides, estaría gestionando las ayudas.
La denuncia presentada ante la Corte solicita investigar posibles delitos como captación masiva y habitual, estafa y peculado por apropiación. No obstante, Juvinao aclaró que la presentación de una denuncia no significa que el congresista sea responsable de alguna conducta ilícita y que corresponde a las autoridades determinar si existen elementos suficientes para avanzar en una investigación.
La congresista también hizo una precisión sobre la posible captación masiva, al considerar que una colecta de carácter humanitario no necesariamente encaja en esa conducta penal, por lo que será la justicia la encargada de establecer si se cumplen los requisitos legales.
En cuanto al posible peculado, explicó que la legislación contempla circunstancias en las que bienes de particulares confiados a un servidor público pueden estar involucrados, pero advirtió que para establecer responsabilidad por apropiación tendría que demostrarse que los recursos fueron efectivamente utilizados de manera indebida.
El debate se centra ahora en la trazabilidad del dinero recaudado y en determinar si los recursos fueron destinados al propósito anunciado. Para Juvinao, una emergencia humanitaria requiere solidaridad, pero también controles que permitan garantizar que las donaciones lleguen a las personas afectadas y sean manejadas de manera transparente.
Por su parte, Martínez sostuvo que el uso de cuentas personales en lugar de canales institucionales puede generar dudas entre los donantes y pidió que se establezca con precisión qué ocurrió con los recursos recaudados durante la campaña de ayuda.
