Mientras gran parte de Colombia celebraba el inicio de 2026, la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, ya enfrentaba una de las situaciones más graves de violencia y desplazamiento interno en los últimos años. Desde enero de 2025, Catatumbo ha sido escenario de intensos enfrentamientos armados entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC, principalmente el Frente 33, quienes luchan por el control de rutas ilícitas y territorios estratégicos para el narcotráfico y economías ilegales.
Una crisis que no cede: desplazamiento, confinamiento y desastre social
El conflicto, que estalló con fuerza el 16 de enero de 2025, ha generado un desplazamiento masivo de civiles. Organismos internacionales y la Defensoría del Pueblo estiman que decenas de miles de personas han tenido que abandonar sus hogares por la violencia directa, la presencia de drones, combates y amenazas constantes. Solo en las últimas 24 horas han llegado más de 100 familias desplazadas a Cúcuta, mientras que otras 15 lo hicieron en Ocaña, sumándose a las oleadas previas de desplazamientos.
Organizaciones como la ONU y agencias humanitarias han documentado que esta crisis representa una de las olas de desplazamiento forzado más grandes en Colombia en décadas, con cifras acumuladas que superan las 50 mil personas desde el inicio de los enfrentamientos y miles más confinadas en sus zonas rurales por la inseguridad.
Impacto en la población civil
Las consecuencias del conflicto son profundas:
- Familias enteras han perdido sus hogares, huido de sus tierras y actualmente sobreviven en albergues improvisados, coliseos o espacios públicos en ciudades receptoras como Cúcuta y Ocaña.
- Niños, niñas y adolescentes han visto interrumpida su educación y están expuestos a riesgos sanitarios, psicológicos y de violencia, incluida la posibilidad de reclutamiento forzado y explotación.
- Muchas comunidades, especialmente campesinas, indígenas y mujeres, enfrentan graves barreras para acceder a servicios básicos, agua potable, atención médica y alimentación adecuada.
La Defensoría del Pueblo y organismos internacionales han insistido en la urgencia de establecer corredores humanitarios,planes de protección para la población civil y medidas integrales para el regreso seguro de quienes han sido desplazados.
Respuesta del Gobierno y desafíos persistentes
Frente a esta emergencia, el Gobierno de Gustavo Petro ha desplegado algunas acciones, como la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Tibú, con participación de la Gobernación y entidades locales para coordinar la atención estatal y monitorear la situación.
No obstante, la crisis continúa siendo catalogada como persistente y compleja, en parte porque los enfrentamientos armados no han cesado, y la presencia del Estado en áreas rurales sigue siendo tenue, lo que dificulta el acceso humanitario seguro.
Esta situación humanitaria contrasta con otros focos de la agenda pública nacional, como las discusiones sobre temas económicos y sociales —por ejemplo, el aumento del salario mínimo o debates legislativos en Bogotá— que han desplazado parcialmente la atención mediática de la crisis del Catatumbo.
Una herencia que marca el inicio de año
Así, el Gobierno de Gustavo Petro arranca 2026 con la grave crisis del Catatumbo como uno de los problemas más urgentes y pendientes. La incapacidad de retomar la seguridad efectiva en la región y la magnitud del desplazamiento forzado obligan a una revisión de la estrategia estatal para garantizar la protección de los derechos humanos y la reconstrucción social de comunidades enteras afectadas por la violencia armada.