La subregión del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, vivió durante 2025 una de las crisis humanitarias más profundas de la historia reciente del país, con 105.203 personas reconocidas como víctimas directas de la violencia entre grupos armados, según un informe presentado por la Defensoría del Pueblo.
El documento, titulado Catatumbo: Persistencia de la guerra y anhelos de paz, registra que la confrontación entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las Farc se intensificó desde el 16 de enero de 2025, cuando se rompió un equilibrio armado previo, desencadenando un ciclo de violencia que perduró gran parte del año.
De acuerdo con la Defensoría, la mayor parte de las víctimas corresponde a desplazamientos forzados: 101.587 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares, muchas en núcleos familiares completos. Además, se documentaron 7.777 personas amenazadas de muerte y 3.772 confinadas en sus viviendas bajo el riesgo constante de enfrentamientos, limitándoles incluso el acceso a alimentos y atención médica.
El informe también relata el uso de drones con explosivos y artefactos explosivos terrestres, así como homicidios, retenciones forzadas y cuerpos abandonados en vías públicas, sumando un componente de violencia que ha marcado la vida cotidiana de las comunidades afectadas.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, quien presentó el informe en la ciudad de Tibú, advirtió que la situación humanitaria continúa siendo de extrema preocupación pese a que algunos indicadores violentos han disminuido desde los picos iniciales de la escalada armada.
Este balance sitúa al Catatumbo en un punto crítico de la agenda de derechos humanos en Colombia, con miles de familias desplazadas, amenazadas o confinadas en un contexto de confrontación que ha cobrado un alto costo social y humanitario.
