Por: Pablo Emilio Obando A.
Por estos días, el llamado catastro multipropósito ha dejado de ser un concepto técnico para convertirse en una preocupación tangible en el campo colombiano. Lo que en teoría busca ordenar el territorio, actualizar el valor de la tierra y fortalecer las finanzas municipales —como lo ha explicado el presidente Gustavo Petro—, en la práctica está generando tensiones que no pueden ser ignoradas.
El espíritu de esta política no es nuevo. Tiene raíces en los compromisos derivados del Acuerdo de Paz de 2016, donde la actualización catastral se planteó como una herramienta para reducir la desigualdad en la propiedad de la tierra y mejorar la planificación rural. Sin embargo, entre el diseño y la ejecución parece haberse abierto una brecha peligrosa.
El problema no es el catastro en sí mismo, sino su aplicación indiscriminada. Hoy, pequeños campesinos, propietarios de minifundios, e incluso quienes poseen una modesta parcela o una casa de descanso, están viendo incrementos desproporcionados en sus avalúos. En muchos casos, el ajuste no distingue entre el latifundio improductivo y la economía campesina de subsistencia. Se ha metido, como se dice popularmente, todo en el mismo saco.
¿Dónde queda entonces el principio de equidad? ¿Cómo se justifica que quien apenas sobrevive de su tierra deba asumir cargas tributarias similares —o proporcionalmente más altas— que grandes propietarios? El riesgo es evidente: una política pensada para ordenar y fortalecer podría terminar empobreciendo aún más a quienes históricamente han estado en desventaja.
Se insiste en que serán los concejos municipales y las administraciones locales quienes ajusten estas distorsiones. Pero allí surge otro problema: el limbo jurídico y técnico. Muchos municipios no cuentan con la capacidad institucional para hacer diferenciaciones rigurosas entre tipos de propiedad, ni para aplicar criterios de justicia tributaria en territorios complejos.
El resultado puede ser devastador: campesinos obligados a vender, abandono de tierras, y una mayor concentración de la propiedad, justo lo contrario de lo que se pretendía.
Este no es un llamado a frenar el catastro multipropósito, sino a hacerlo bien. A que alcaldes y concejales asuman con responsabilidad histórica su papel, que realicen estudios serios, que escuchen a las comunidades rurales y que diseñen mecanismos de alivio para los pequeños propietarios. No se trata solo de recaudar, sino de hacerlo con justicia.
Porque de lo contrario, este salto —que debía ser hacia el desarrollo— puede terminar siendo, para muchos, un salto al vacío.
