Alcalde denuncia alzas desbordadas en el impuesto.
La polémica por el catastro multipropósito sigue creciendo en Boyacá y ya golpea con fuerza a los campesinos. Esta vez, la voz de alarma la encendió el alcalde de San Miguel de Sema, Mario Ávila, quien denunció que los incrementos en el avalúo catastral están asfixiando económicamente a cientos de familias rurales, generando incertidumbre, miedo y un fuerte rechazo en la comunidad. Según explicó el mandatario, la actualización catastral ha provocado aumentos desproporcionados en el impuesto predial, afectando especialmente a las veredas más vulnerables del municipio. Sectores como Arboleda, San Isidro, Siligayo, Peñablanca y Charco registran incrementos que alcanzan hasta el 162 %, una cifra que para muchos campesinos resulta simplemente impagable.
El impacto no es menor. Para familias que dependen de la agricultura y la ganadería, este aumento representa un golpe directo a su sustento diario. “No estamos de acuerdo con la forma en que se hizo esta actualización, porque está poniendo en riesgo la economía campesina”, advirtió Ávila, dejando claro que la situación ya desbordó la capacidad de respuesta local. Pero el problema no se queda en un solo municipio. De acuerdo con el alcalde, más de 580 municipios en todo el país estarían enfrentando una situación similar, lo que ha provocado una ola de inconformidad entre mandatarios, líderes sociales y comunidades rurales que exigen soluciones urgentes al Gobierno Nacional.
Frente a este panorama, las administraciones municipales han tenido que actuar en medio de una encrucijada. Por un lado, deben garantizar la sostenibilidad financiera de sus territorios; por el otro, enfrentan la presión de comunidades que no pueden asumir estos costos. Como medida temporal, en San Miguel de Sema se han ampliado plazos de pago y se han eliminado intereses, buscando aliviar la carga mientras se define el futuro de la medida. Sin embargo, la incertidumbre continúa. Aunque se estudian acciones legales para tumbar o suspender la resolución que dio origen a estos incrementos, por ahora las administraciones están obligadas a cumplir la normativa vigente, lo que mantiene en vilo a miles de contribuyentes. Ávila también advirtió que esta problemática no debe ser utilizada con fines políticos. “Aquí lo importante es defender a nuestros campesinos”, enfatizó, insistiendo en que la prioridad es encontrar una salida que no sacrifique el bienestar de las comunidades rurales.
Mientras tanto, el llamado es claro: revisar de fondo la implementación del catastro multipropósito y corregir las inconsistencias que hoy tienen en jaque a quienes trabajan la tierra. Porque detrás de cada cifra hay familias que ven cómo su estabilidad económica se tambalea, en medio de una decisión que, lejos de traer desarrollo, hoy amenaza con profundizar la crisis en el campo colombiano.
