El Senado de Uruguay aprobó por unanimidad una nueva ley que busca acelerar los procesos de expropiación de viviendas abandonadas y con deudas acumuladas, una medida que pretende ampliar las herramientas del Estado para enfrentar el déficit habitacional y recuperar inmuebles que permanecen vacíos o en estado de deterioro.
La iniciativa recibió el respaldo de todas las fuerzas políticas representadas en la cámara y establece mecanismos que simplifican los trámites para que los gobiernos nacionales y departamentales puedan intervenir propiedades que se encuentren en desuso y presenten obligaciones económicas pendientes con organismos públicos.
Según los impulsores del proyecto, la normativa permitirá reducir los tiempos burocráticos que históricamente han dificultado la recuperación de inmuebles abandonados, facilitando su posterior incorporación a programas de vivienda y desarrollo urbano.
Durante el debate legislativo, varios senadores destacaron que miles de propiedades permanecen vacías en distintas ciudades del país, mientras numerosas familias continúan enfrentando dificultades para acceder a una vivienda digna. La nueva ley busca precisamente aprovechar esos espacios ociosos para darles una función social y contribuir a la revitalización de sectores urbanos afectados por el abandono.
La norma también contempla mecanismos para compensar las deudas acumuladas de los inmuebles dentro del proceso expropiatorio, lo que podría facilitar la recuperación de propiedades cuyos propietarios han dejado de cumplir con sus obligaciones tributarias durante años.
Tras la aprobación definitiva en el Parlamento, la ley queda a la espera de su promulgación para entrar en vigor. Sin embargo, varios legisladores señalaron que este es solo el primer paso dentro de una estrategia más amplia orientada a la gestión del suelo urbano.
En ese sentido, algunos sectores políticos ya plantean la necesidad de avanzar hacia nuevas iniciativas que permitan aprovechar terrenos públicos sin uso y otras áreas que permanecen improductivas, con el objetivo de ampliar la oferta de vivienda y promover un desarrollo urbano más eficiente.
La aprobación de esta legislación representa uno de los avances más relevantes en materia de vivienda en Uruguay durante los últimos años y abre un nuevo debate sobre el uso social de los inmuebles vacíos y los terrenos ociosos en el país.
