La Gobernación de Cundinamarca confirmó la formulación de cargos contra el Gimnasio Campestre Los Laureles, en el marco del proceso administrativo sancionatorio por la desaparición y posterior muerte de la menor Valeria Afanador. El caso avanza en etapa probatoria y busca establecer posibles fallas en el deber de cuidado por parte de la institución educativa.
Según el gobierno departamental, la actuación administrativa se activó desde el momento en que se conoció la desaparición de la menor. De manera paralela, se desplegaron acciones de apoyo a la búsqueda y se inició el ejercicio de inspección, vigilancia y control del sector educativo, a través de la Dirección de Buen Gobierno Educativo.
La desaparición de Valeria Afanador ocurrió el 12 de agosto de 2025. Al día siguiente, la Gobernación inició formalmente el procedimiento sancionatorio con el objetivo de establecer responsabilidades administrativas. La entidad aclaró que el proceso se adelanta sin prejuzgamientos, pero dentro de un trámite de carácter punitivo.
Actuaciones administrativas
Entre el 14 y el 15 de agosto se realizó una visita de inspección al establecimiento educativo. Posteriormente, los días 19 y 20 de agosto, se adelantó una visita de control integral, la cual no fue concluida y quedó sin informe final.
El 28 de agosto de 2025, la Gobernación emitió varios oficios dirigidos a distintas dependencias. Entre ellos, solicitudes a la Dirección de Calidad para programar asistencia técnica en gestión del riesgo y revisar el Manual de Convivencia. También se requirió información a la Dirección de Cobertura sobre la situación administrativa del colegio.
Ese mismo día, el Gimnasio Campestre Los Laureles entregó 519 folios de documentación para una verificación preliminar. Además, se solicitó una visita técnica por parte de la Dirección de Infraestructura.
Formulación de cargos y pruebas
El 29 de agosto de 2025, tras el hallazgo del cuerpo de la menor, la Gobernación emitió el auto de inicio del proceso administrativo sancionatorio y ordenó la práctica de pruebas. Días después, se designó un funcionario responsable del trámite y se solicitaron nuevas pruebas al municipio de Cajicá y al colegio.
Luego de analizar el material recopilado, el 5 de noviembre de 2025 se emitió el auto de formulación de cargos contra la institución educativa. El colegio presentó descargos a través de su apoderado.
Actualmente, el proceso se encuentra en etapa de pruebas. Estas incluyen documentos, testimonios y la revisión de videos de cámaras de seguridad. Según el cronograma oficial, esta fase concluirá el 23 de febrero de 2026, fecha a partir de la cual se abrirá el periodo para alegatos finales, conforme a la Ley 1437 de 2011.
