El régimen de excepción de Nayib Bukele deja una estela de 517 personas muertas tras las rejas. Documentos filtrados y datos de ONG revelan un patrón que apunta a homicidios, torturas y abandono médico que el Estado intenta enterrar bajo versiones oficiales.
Desde marzo de 2022, cuando arrancó el régimen de excepción, las prisiones salvadoreñas se convirtieron en una zona gris. Una investigación que cruza los Guacamaya Leaks con registros de Socorro Jurídico Humanitario (SJH) destapa cómo las muertes se maquillan con informes médicos genéricos y comunicados contradictorios.
Los números que duelen:
- 517 fallecidos confirmados bajo custodia estatal.
- 94% no tenían perfil de pandilleros según la base de SJH.
- 92% murió sin condena: presos, pero legalmente inocentes.
- 30% con señales de violencia o tortura en sus cuerpos.
- 32% por falta de atención médica, enfermos que nunca vieron un doctor.
El caso de Walter Vladimir Sandoval lo resume todo. La policía dijo que se cayó por unas gradas. La autopsia gritó otra cosa: homicidio por golpes brutales en tórax y rostro.
Mientras Bukele y su gabinete hablan de “muertes naturales” y “hechos normales”, los forenses repiten un diagnóstico: “edema pulmonar”. Expertos independientes advierten que es la coartada perfecta para tapar asfixias y traumatismos. En noviembre de 2022, el Fiscal Rodolfo Delgado cerró 142 casos de un plumazo. ¿Pruebas de que no hubo delito? Ninguna.
La transparencia murió junto a los reos. Las cifras de mortalidad carcelaria, antes públicas, hoy son secreto de Estado. Cristosal y Human Rights Watch denuncian entierros clandestinos sin avisar a las familias. El costo de hablar es alto: Ingrid Escobar, directora de SJH, tuvo que exiliarse en 2025 por denunciar el sistema.
El Salvador quiso enterrar décadas de terror de la MS-13 y el Barrio 18. Pero la medicina resultó tan grave como la enfermedad. Santos Navarro, vendedor de verduras, sin prontuario, murió porque no le dieron insulina para su diabetes. Juristas internacionales lo dicen claro: se rompió el debido proceso y la presunción de inocencia.
Hoy, la pregunta no es cuántos pandilleros cayeron, sino cuántos inocentes no salieron vivos.
