El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, confirmó que el sistema de cámaras de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí continuará fuera de servicio hasta el 30 de abril, fecha en la que entrará en vigencia el nuevo contrato de mantenimiento y operación, según lo informado por el director de la USPEC.
La revelación surge en medio de la controversia nacional generada por la fiesta vallenata realizada dentro del penal, evento que dejó en evidencia fallas en los controles internos y en la supervisión del establecimiento.
Un penal sin vigilancia electrónica durante semanas
Cuervo explicó que la ausencia de monitoreo digital se debe a retrasos en el proceso contractual de la USPEC. Por esta razón, la cárcel operará sin cámaras durante todo abril, justo cuando el país aún cuestiona cómo se organizó una fiesta con músicos, abundante licor y comida dentro de una prisión de máxima seguridad.
La fiesta que destapó la crisis
La polémica estalló tras la difusión de un video en el que se observa una presentación del cantante vallenato Nelson Velásquez acompañada de músicos en vivo, mesas con garrafas de aguardiente y amplia comida en la cárcel La Paz de Itagüí. El material fue publicado por el concejal Andrés Felipe Tobón Villada, quien cuestionó públicamente qué se estaba celebrando dentro del penal.
El Inpec aseguró que el evento no fue autorizado por la Dirección General ni por el Gobierno. Como respuesta inmediata, se ordenó el relevo del director del establecimiento, el traslado del comandante de vigilancia y la apertura de una investigación disciplinaria contra siete funcionarios que estaban de turno.
Impacto en el proceso de paz urbana
El escándalo afectó directamente la estrategia del Gobierno. Tras conocerse la fiesta, la administración nacional suspendió temporalmente los diálogos con cabecillas de bandas criminales que participaban en la Mesa de Paz Urbana en Medellín y el Valle de Aburrá.
Por su parte, la fiscal general Luz Adriana Camargo informó en entrevista con Caracol Radio que se revocó la suspensión de 16 de las 23 órdenes de captura de líderes criminales vinculados a estos acercamientos. Siete órdenes continúan suspendidas.
Medidas adoptadas tras el escándalo
- Director del penal removido.
- Comandante de vigilancia trasladado.
- Investigación disciplinaria contra siete funcionarios.
- Suspensión temporal de los diálogos de paz urbana.
El Gobierno y la Fiscalía continúan evaluando responsabilidades mientras se restablece el sistema de vigilancia, clave para garantizar control en uno de los penales más sensibles del país.
