La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ordenó el 14 de enero de 2026 la suspensión inmediata de una actividad minera a cielo abierto que se desarrollaba de manera completamente ilegal y sin ningún tipo de permisos ambientales en la cuenca alta del río Bogotá, una zona catalogada como de especial importancia ecológica y estratégica para el departamento de Cundinamarca y para el abastecimiento hídrico de millones de personas en la región central del país.
El contundente operativo de seguimiento y control ambiental se llevó a cabo en la vereda Mochila, jurisdicción del municipio de Chocontá, donde un equipo técnico especializado de la Dirección Regional Almeidas y Guatavita de la CAR evidenció una intervención masiva de aproximadamente 4.137 metros cuadrados de terreno, con una extracción estimada que alcanzaría los 100.000 metros cúbicos de material rocoso areno-arcilloso, cifra que da cuenta de la magnitud y gravedad de la afectación ambiental.
Durante la rigurosa diligencia de inspección técnica, los profesionales de la autoridad ambiental constataron una remoción significativa y preocupante de la cobertura vegetal del área, incluyendo la destrucción de extensos pastizales naturales y la tala indiscriminada de numerosos individuos arbóreos nativos, así como una alteración considerable y profunda de las capas superiores del suelo que compromete su capacidad de regeneración natural y su funcionalidad ecosistémica.
A estos impactos directos se suma la ausencia total de infraestructura adecuada para el manejo técnico de las aguas lluvias, como zanjas de coronación, canales perimetrales o sistemas de sedimentación, lo que incrementa exponencialmente el riesgo de arrastre masivo de sedimentos, lodos y material particulado hacia las fuentes hídricas cercanas durante las temporadas de precipitaciones. Este fenómeno puede deteriorar gravemente la calidad del agua del río Bogotá, generar procesos de colmatación de cauces, afectar la vida acuática y producir impactos acumulativos negativos en los ecosistemas frágiles de la cuenca.
Camilo Poveda, director regional Almeidas y Guatavita de la CAR, explicó que el área intervenida ilegalmente se encuentra dentro de la zonificación ambiental establecida por el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca (POMCA) del río Bogotá, un instrumento de planificación territorial que categoriza este territorio como zona de ordenación para uso múltiple, que incluye áreas agrosilvopastoriles destinadas a actividades agrícolas sostenibles y espacios prioritarios para procesos de recuperación y restauración ambiental. Por lo tanto, este tipo de actividades extractivas no autorizadas resultan totalmente incompatibles con los objetivos de manejo sostenible, conservación y protección definidos técnicamente para esta cuenca estratégica.
Ante el flagrante incumplimiento de la normatividad ambiental vigente y la ausencia de los permisos, licencias y autorizaciones requeridas por ley, la CAR ordenó el cese inmediato e incondicional de la actividad minera y advirtió que iniciará los procesos sancionatorios correspondientes que podrían derivar en multas millonarias. La entidad reiteró enfáticamente que continuará fortaleciendo y ampliando sus acciones permanentes de vigilancia, seguimiento y control en zonas estratégicas del departamento, especialmente en áreas de especial importancia ambiental como las cuencas abastecedoras de agua. Finalmente, la Corporación hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que denuncie de manera oportuna y decidida las prácticas de minería ilegal, explotación irregular de recursos naturales y otras actividades que pongan en riesgo grave los ecosistemas y la riqueza natural de Cundinamarca.
