Un escándalo de gran magnitud sacude al sector salud en Medellín tras la captura de un médico especialista en urología, señalado de haber abusado sexualmente de más de 50 pacientes durante consultas médicas. El caso, que se venía denunciando desde hace años, finalmente dio un giro judicial con la intervención de las autoridades.
Una captura tras décadas de denuncias
El pasado 15 de abril de 2026, las autoridades capturaron al urólogo identificado como Alberto Posada, quien quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para enfrentar cargos por presunto abuso sexual.
De acuerdo con las investigaciones, el médico habría aprovechado su posición de confianza para realizar tocamientos indebidos y procedimientos injustificados durante consultas, en algunos casos bajo la excusa de exámenes médicos especializados.
Las denuncias acumuladas superan las 50 víctimas, aunque las autoridades no descartan que el número sea mayor debido al largo periodo en el que el profesional ejerció, que se remonta a comienzos de los años 2000.
Cómo operaba el presunto abuso
Según testimonios de las víctimas, el médico realizaba exámenes invasivos sin justificación clínica, incluyendo tocamientos en senos y zonas íntimas, además de comentarios de carácter sexual que generaban incomodidad.
Muchas pacientes aseguraron que, en su momento, no cuestionaron estos procedimientos debido a la autoridad médica del especialista. Solo con el paso del tiempo lograron identificar que se trataba de conductas inapropiadas.
En algunos casos, incluso habría aprovechado situaciones personales de las pacientes, como relaciones de pareja o contextos íntimos, para justificar intervenciones que no correspondían a su especialidad.
Un caso que expone fallas institucionales
Uno de los aspectos más preocupantes del caso es que existen antecedentes de denuncias desde hace más de dos décadas. Sin embargo, las sanciones fueron mínimas o no se aplicaron correctamente.
El Tribunal de Ética Médica de Antioquia había impuesto una suspensión de seis meses al profesional, pero esta no se ejecutó, lo que le permitió seguir ejerciendo con normalidad.
Además, entidades como la Secretaría de las Mujeres de Medellín habían recibido múltiples quejas a través de líneas de atención, lo que evidencia que el caso ya era conocido en diferentes instancias antes de su judicialización.
El papel de las víctimas y la denuncia colectiva
El proceso judicial tomó fuerza gracias a la unión de las víctimas, quienes comenzaron a compartir sus testimonios en redes sociales y espacios públicos. Algunas incluso crearon grupos para apoyarse mutuamente y formalizar sus denuncias.
Este trabajo colectivo permitió visibilizar un patrón de conducta que, durante años, permaneció oculto o minimizado.
Una de las víctimas relató que acudió al médico por una infección urinaria y terminó siendo sometida a procedimientos que hoy considera abusivos, pero que en ese momento interpretó como parte del tratamiento.
Lo que viene en el proceso judicial
Tras la captura, la Fiscalía buscará que el médico sea recluido en un centro carcelario mientras avanza el proceso. Las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos serán clave para definir su situación jurídica.
El caso podría convertirse en un precedente importante para el sistema de salud colombiano, especialmente en lo relacionado con protocolos de atención, control ético y protección de pacientes frente a abusos de poder en contextos médicos.
