Las Fuerzas Militares de Colombia realizaron un importante operativo en el municipio de Pueblorrico, Antioquia, que permitió la captura de seis presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado (GAO) Clan del Golfo, entre ellos Edwin Román Velásquez Valle, alias «Chibolo», señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de la estructura criminal que delinque en el suroeste del departamento.
La operación se desarrolló el 28 de junio de 2026 en la vereda El Sinaí, como parte de la Operación Militar Jeremías, estrategia que hace parte de la Operación Themis del Ministerio de Defensa y que busca debilitar las organizaciones criminales que mantienen presencia en esta región del país.
Operativo
La intervención fue ejecutada de manera coordinada entre la Fuerza Aérea Colombiana, unidades del Ejército Nacional, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y organismos de inteligencia militar.
Durante el procedimiento, las autoridades incautaron armas de guerra, material de intendencia y sustancias estupefacientes que, según las investigaciones, eran utilizadas para fortalecer las actividades ilícitas de la organización criminal.
De acuerdo con fuentes oficiales, estas operaciones continuarán en municipios como Tarso, Jericó y Pueblorrico, donde el Clan del Golfo mantiene presencia mediante actividades relacionadas con el narcotráfico, la extorsión y otras economías ilegales.
Las Fuerzas Militares señalaron que el objetivo es afectar la capacidad operativa de estas estructuras y brindar mayores condiciones de seguridad a la población civil.
Captura
El operativo se produjo pocos días después de la difusión de un panfleto atribuido al Clan del Golfo en el que se lanzaban señalamientos contra el periodista Norbey Valle David, corresponsal de Caracol Radio en Medellín.
En el documento, el grupo armado cuestionó varias publicaciones realizadas por el comunicador relacionadas con las actividades delictivas de la organización, situación que generó preocupación entre entidades defensoras de los derechos humanos y de la libertad de prensa.
La Defensoría del Pueblo rechazó el contenido del panfleto y advirtió que ningún grupo ilegal tiene autoridad para intimidar o condicionar el ejercicio periodístico. Asimismo, solicitó la activación de medidas de protección para el comunicador y una evaluación urgente de su nivel de riesgo.
Por su parte, la Asociación Nacional de Medios de Comunicación (Asomedios) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) manifestaron que este tipo de mensajes representan una amenaza para el libre ejercicio del periodismo, especialmente en regiones donde persisten actores armados ilegales.
Investigar negociaciones
En medio de estos acontecimientos, el presidente electo Abelardo de la Espriella solicitó que toda la información relacionada con presuntas negociaciones entre funcionarios del Gobierno saliente y el Clan del Golfo sea remitida al Departamento de Justicia de Estados Unidos para su respectiva evaluación.
A través de un comunicado oficial, el mandatario electo instruyó a su equipo de empalme para analizar la presentación de denuncias penales y disciplinarias, además de revisar la actuación de los funcionarios que eventualmente habrían participado en dichos acercamientos.
También pidió estudiar la situación del exalto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, mencionado en algunas de las denuncias conocidas recientemente.
Según De la Espriella, cualquier posible vínculo entre servidores públicos y organizaciones criminales debe ser investigado con rigor para garantizar la transparencia institucional y fortalecer la lucha contra el crimen organizado.
Continúan las operaciones
Las autoridades aseguraron que los operativos contra el Clan del Golfo seguirán desarrollándose en distintas zonas del departamento de Antioquia con el propósito de capturar a los principales cabecillas, reducir las economías ilegales y proteger a las comunidades afectadas por la presencia de grupos armados.
La captura de alias «Chibolo» representa un nuevo golpe contra esta organización criminal, mientras el Gobierno y las Fuerzas Militares mantienen las operaciones para recuperar el control de los territorios donde persisten amenazas a la seguridad y al orden público.
