La justicia colombiana dio un paso decisivo en un delicado caso que compromete a miembros activos de la Policía Nacional. Tres uniformados fueron capturados en Palmira (Valle del Cauca) y Pasto (Nariño) luego de que un juez de circuito resolviera favorablemente un recurso de apelación presentado por la Fiscalía General de la Nación, revocando la medida de libertad que inicialmente les había sido otorgada.
Los capturados son el subintendente William Andrés Rayo Jiménez y los patrulleros Gilmar Steven Portocarrero Mosquera y Mayra Alejandra Toledo Hurtado, quienes son investigados como presuntos responsables de los delitos de tortura, secuestro y falsedad ideológica en documento público.
Hechos
Los hechos que motivaron esta decisión judicial ocurrieron el 3 de marzo de 2024, en el municipio de Bolívar, en el departamento del Valle del Cauca. Según la investigación adelantada por la Fiscalía, los tres policías, adscritos a la Estación de Policía local, habrían retenido de forma injustificada a un ciudadano, a quien luego sometieron a agresiones físicas sistemáticas durante más de 12 horas, mientras se encontraba completamente indefenso dentro de las instalaciones oficiales.
El caso tomó un giro más grave cuando se descubrió que los uniformados presuntamente registraron información falsa en el libro de población de la estación policial, señalando que el ciudadano había salido en buenas condiciones.}
Evidencia
Sin embargo, evidencia médica y testimonios de familiares confirmaron que la víctima debió ser trasladada de urgencia al hospital local y luego remitida a cuidados intensivos, donde fue intervenida quirúrgicamente para extraerle el bazo, órgano que sufrió daños severos producto de las golpizas.
Ante la contundencia del material probatorio presentado por la Fiscalía, y tras la apelación del ente acusador contra la decisión inicial que había dejado en libertad a los procesados, un juez de circuito ordenó la captura inmediata de los tres policías y su reclusión bajo medida de aseguramiento privativa de la libertad, mientras avanza el proceso judicial en su contra.
Reacción
Este caso ha generado una fuerte reacción tanto en organizaciones defensoras de derechos humanos como en la opinión pública, que exigen acciones contundentes contra los abusos cometidos por agentes del Estado.
Desde la Fiscalía General de la Nación se reiteró el compromiso institucional con el esclarecimiento de los hechos y la lucha contra cualquier forma de abuso de autoridad. “No puede haber espacio para la impunidad cuando los encargados de proteger a la ciudadanía violan la ley y atentan contra la integridad de las personas que están bajo su custodia”, declaró un vocero del ente investigador.