La Contraloría General de la República emitió una advertencia especial al Ministerio de Agricultura y a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) por los riesgos identificados en la implementación de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA).
Aunque la alerta tiene alcance nacional, el impacto podría sentirse con mayor fuerza en regiones agrícolas como Boyacá, donde el uso del suelo y la producción campesina son pilares de la economía.
Según el organismo de control, existen riesgos jurídicos, fiscales, presupuestales, ambientales y de gobernanza que comprometen la viabilidad de estas figuras.
Uno de los principales cuestionamientos es la falta de planeación clara, especialmente en la definición de usos del suelo y actividades productivas permitidas. La entidad advirtió que la implementación no puede limitarse a actos administrativos, sino que debe articularse con los Planes de Ordenamiento Territorial y los planes de desarrollo.
En territorios con vocación agropecuaria, estas medidas podrían generar restricciones que afecten actividades productivas existentes, lo que incrementa la incertidumbre entre los actores rurales.
Además, se evidencian debilidades en la información técnica y geoespacial, así como falta de coordinación entre entidades nacionales y locales. La Contraloría también alertó sobre la ausencia de recursos claros para ejecutar estas políticas, lo que pone en duda su aplicación real. Finalmente, hizo un llamado urgente a ajustar la implementación para evitar efectos negativos en el desarrollo rural, especialmente en departamentos donde el equilibrio entre producción y sostenibilidad es clave.
