Campesinos en Cesar enfrentan desalojo de tierras entregadas por el Gobierno: exnarco podría recuperarlas

Más de un año después de que el Gobierno de Gustavo Petro entregara tierras a familias campesinas como parte de su reforma agraria, los beneficiarios de la Asociación de Campesinos Desplazados al Retorno (Asocadar) podrían ser desalojados.

La Fiscalía devolvió la administración de los terrenos al exnarcotraficante Luis Alberto Urrego Contreras, alias Bacon, condenado por tráfico de drogas.

¿Cómo inició el conflicto por estas tierras?

Las familias de Asocadar fueron desplazadas de la hacienda Bellacruz, en el sur del Cesar, en 1996, y desde entonces han luchado por la restitución de sus tierras.

En diciembre de 2023, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) entregaron tres prediosEl Amparo, El Porvenir y San Ignacio– a los campesinos, quienes invirtieron entre $15 y $30 millones en cultivos y mejoras.

Sin embargo, en febrero de 2025, un abogado de Urrego Contreras notificó a los campesinos que debían abandonar los predios, luego de que la Fiscalía 50 levantara el “secuestro” de las tierras, permitiendo que el exnarcotraficante las explotara mientras se resuelve su proceso de extinción de dominio.

¿Por qué la SAE no defendió los terrenos?

La SAE tenía la opción de presentar un recurso de reposición para demostrar que las tierras estaban siendo usadas en la reforma agraria, pero dejó vencer el plazo, permitiendo que la decisión de la Fiscalía quedara en firme.

Esta omisión ha dejado a los campesinos en una situación de vulnerabilidad, con el riesgo de ser desalojados pese a haber recibido las tierras de forma oficial.

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Denuncias de hostigamiento y destrucción de viviendas

Adolfo Rodríguez, representante de Asocadar, denunció que el abogado de Urrego Contreras llegó a los terrenos con maquinaria, trabajadores contratados y policías, quienes presuntamente destruyeron viviendas y prohibieron nuevos cultivos.

La ANT responde: “Acompañaremos a los campesinos”

El director de la ANT, Felipe Harman Ortiz, expresó su preocupación por la decisión de la Fiscalía y aseguró que la entidad seguirá apoyando a los campesinos en la defensa de sus derechos.

“La solicitud del bien extrañamente solicitada por la Fiscalía nos preocupa, es un grave antecedente que queremos que sea revisado con mayor rigor”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

Mientras tanto, las familias campesinas temen perder los terrenos que les fueron entregados oficialmente hace poco más de un año y que, con esfuerzo, han trabajado desde entonces.