Las diferencias entre comunidades campesinas de las zonas de páramo en Boyacá y el Gobierno nacional volvieron a agudizarse por el desarrollo de las mesas técnicas orientadas a la derogatoria de resoluciones que restringen la actividad agropecuaria en estos territorios. La Federación de Campesinos Parameros expresó su inconformidad al considerar que los espacios de diálogo no han producido cambios de fondo y mantienen limitaciones que afectan directamente su subsistencia.
La tensión aumentó tras una visita de campo realizada a finales de enero de 2026 en municipios como El Cocuy, Güicán, Chiscas, El Espino y Panqueba, donde se ratificaron delimitaciones a partir de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Para las comunidades, estas decisiones desconocen su permanencia histórica en el territorio y profundizan la conflictividad social.
La presencia de funcionarios vinculados a la expedición de las resoluciones cuestionadas fue interpretada por los campesinos como una señal de falta de voluntad política para modificar el marco normativo, lo que llevó al anuncio de asamblea permanente como mecanismo de presión.
Desde el Ministerio de Ambiente, el proceso fue defendido señalando supuestos avances técnicos y advirtiendo que una revocatoria directa de las resoluciones implicaría riesgos ambientales. Como alternativa, la cartera propuso la implementación de planes de manejo, una figura que para las comunidades no resuelve de fondo las restricciones productivas.
A este escenario se sumó la cancelación de un encuentro clave por parte del gobernador Carlos Amaya, hecho que incrementó la incertidumbre en un proceso que desde 2025 ya venía acompañado de advertencias de posibles jornadas de paro en las zonas de páramo del departamento.
