Colombia atraviesa uno de esos momentos históricos en los que la política debería estar a la altura de las circunstancias. La actual campaña electoral para el Congreso de la República, el Senado, la Cámara de Representantes y la Presidencia no es un simple trámite democrático: es una oportunidad decisiva para definir el rumbo del país en medio de profundas tensiones sociales, económicas e institucionales. Sin embargo, el debate público parece haberse desviado peligrosamente de lo esencial, para caer en los agravios e insultos, que les quitan altura a estos procesos electorales.
En lugar de una confrontación de ideas, propuestas y visiones de país, buena parte de la campaña se ha convertido en un escenario de guerras sucias, ataques personales, desinformación y descalificaciones grotescas entre candidatos. Se privilegia el insulto sobre el argumento, la sospecha sobre la evidencia y el protagonismo mediático sobre la responsabilidad política. Esta degradación del debate no solo empobrece la democracia, sino que hiere la confianza ciudadana y trivializa la trascendencia de las decisiones que están en juego, haciendo que los electores pierdan interés en estos procesos electorales que son transcendentales para nuestro paìs.
Los colombianos no necesitan más ruido ni más polarización. Necesitan respuestas claras a problemas urgentes: la inseguridad que golpea regiones enteras, la persistente desigualdad social, el acceso a la salud y la educación, el desempleo, la informalidad laboral, la crisis ambiental, la implementación de los acuerdos de paz y el fortalecimiento de las instituciones. Estos desafíos exigen campañas serias, con propuestas concretas, viables y responsables, no espectáculos de confrontación vacía.
Es imperativo hacer un llamado a todos los candidatos, sin distinción de partido o ideología, para que comprendan la magnitud de su responsabilidad histórica. Aspirar a un cargo público no es un ejercicio de vanidad personal ni una competencia de egos; es un compromiso con el país. Quien pretende legislar desde el Congreso o gobernar desde la Presidencia debe demostrar capacidad, preparación y, sobre todo, respeto por la ciudadanía.
Las campañas basadas en el desprestigio del adversario no construyen nación. Por el contrario, profundizan la división, alimentan el odio y erosionan el tejido democrático. Colombia ya ha sufrido demasiado por la violencia, la exclusión y la intolerancia como para permitir que la política continúe reproduciendo esas lógicas. La palabra tiene poder, y cuando se usa de manera irresponsable, deja huellas profundas en la sociedad.
Los electores, por su parte, también tienen un rol fundamental. Es momento de exigir debates de altura, de cuestionar a quienes evaden las propuestas y de no premiar con votos a quienes basan su estrategia en el escándalo o la desinformación. La democracia no se fortalece solo en las urnas, sino en la calidad del debate público que las precede.
Colombia necesita una campaña que mire al futuro, no una que se quede atrapada en el resentimiento y la confrontación estéril. Necesita líderes capaces de dialogar, de reconocer diferencias sin convertirlas en enemistades irreconciliables, y de entender que el verdadero adversario no es el otro candidato, sino los problemas estructurales que afectan a millones de ciudadanos.
Que esta campaña sea recordada no por sus insultos, sino por la solidez de sus propuestas. Que los candidatos hablen más de lo que van a hacer por Colombia y menos de lo que dicen de sus rivales. El país lo exige, la democracia lo necesita y la historia lo juzgará.
