Desde el 26 de enero y hasta el próximo 17 de marzo, la Cámara de Comercio de Tunja adelanta visitas a establecimientos comerciales de 34 municipios, con el propósito de promover la renovación de la matrícula mercantil, un trámite obligatorio para quienes ejercen actividades económicas dentro del marco legal.
La entidad sostiene que la renovación es un requisito indispensable para la formalidad empresarial. Sin embargo, el anuncio se produce en un contexto económico adverso, marcado por el incremento de los costos laborales, la reducción de márgenes de ganancia y el despido de trabajadores en múltiples sectores, mientras la informalidad continúa creciendo sin controles efectivos.
De acuerdo con la Cámara, mantener la matrícula actualizada permite acceder a crédito formal, programas de fortalecimiento empresarial, ferias comerciales y contratación con entidades públicas y privadas. No obstante, comerciantes consultados señalan que estos beneficios no compensan los costos actuales de operar formalmente, especialmente tras el aumento del salario mínimo y otros gastos asociados a la legalidad.
El contraste genera inconformidad: mientras los negocios formales reciben visitas, advertencias y eventuales sanciones, los vendedores informales ocupan el espacio público sin asumir impuestos, seguridad social ni cargas laborales, configurando una competencia desigual que afecta directamente al comercio establecido.
La Cámara recordó que no renovar la matrícula puede acarrear cierres temporales, restricciones para trámites y sanciones económicas impuestas por la Superintendencia de Sociedades, que pueden llegar hasta 17 salarios mínimos legales vigentes. Aunque la entidad aclara que no sanciona directamente, sí cumple un rol de articulación con otras autoridades administrativas.
Para Tatiana Guzmán, secretaria general (e) de la Cámara de Comercio de Tunja, el cumplimiento trae beneficios, pero también existen consecuencias para quienes incumplen. No obstante, el debate de fondo persiste: la presión recae sobre los formales, mientras la capacidad del Estado para controlar la informalidad sigue siendo limitada.
