Allanan viviendas en tres localidades
La Policía Nacional desarticuló un centro de acopio y venta de drogas que operaba cerca de instituciones educativas en Bogotá. La operación, desarrollada por la Seccional de Investigación Criminal, se realizó en el marco de la estrategia “Bogotá”.
Las autoridades actuaron tras recibir denuncias de la comunidad, que alertaron sobre movimientos irregulares en varias viviendas. Según los vecinos, personas sospechosas ingresaban y salían con frecuencia, presuntamente para comprar sustancias alucinógenas.
Capturas e incautaciones
Los agentes ejecutaron cuatro órdenes de allanamiento en Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal. Como resultado, capturaron a dos hombres y una mujer, todos sorprendidos en flagrancia. En los inmuebles encontraron 842 gramos de marihuana, 45 gramos de base de coca, tres armas de fuego con cartuchos calibre 38 y un chaleco balístico.
Los capturados usaban estas viviendas como puntos de almacenamiento, dosificación y distribución de droga. Para mantener el control territorial y generar miedo, empleaban armas de fuego. Además, escogían zonas cercanas a colegios, lo que aumentaba el riesgo para menores y jóvenes del sector.
Proceso judicial y cifras del año
Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. En las próximas horas, un juez de control de garantías definirá su situación jurídica por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas.
Durante 2025, la Policía ha intensificado los operativos contra el microtráfico en Bogotá. Hasta la fecha, ha realizado 558 allanamientos, capturado a 2.890 personas y decomisado 4,8 toneladas de marihuana. También ha sacado de circulación más de cuatro millones de dosis, con un impacto económico estimado en 19.200 millones de pesos para las redes criminales.
Operativos similares en otros barrios
Este caso se suma a otras intervenciones recientes, como la captura de cinco personas en Suba en abril, implicadas en la venta de droga frente a parques y colegios. Las autoridades insisten en la importancia de la denuncia ciudadana para seguir desmantelando estas redes y proteger a los menores de edad.