Oscar Alexander Chaparro Cardozo- Asistente Fiscal/Boyacá/ Foto: archivo particular
La Fiscalía General de la Nación judicializó a un funcionario adscrito a la Seccional Boyacá y a una mujer señalada de participar en una presunta red de corrupción que, según las investigaciones, ofrecía beneficios judiciales ilegales a cambio de dinero. Los procesados fueron identificados como Óscar Alexander Chaparro Cardozo, quien se desempeñaba como asistente de fiscal, y Vivian Liseth Nandar Bejarano.
Ambos fueron presentados ante un juez de control de garantías luego de un proceso investigativo adelantado por las autoridades judiciales. De acuerdo con la información revelada por la Fiscalía, los hechos investigados habrían ocurrido entre los años 2022 y 2024.
Durante ese periodo, los implicados presuntamente contactaban a personas que enfrentaban procesos penales vigentes y les ofrecían supuestos “favores” dentro de sus expedientes judiciales a cambio de elevadas sumas de dinero. Según el ente acusador, entre las irregularidades que habrían prometido se encontraba el archivo indebido de investigaciones, la desaparición de elementos materiales probatorios y la manipulación de información dentro del sistema misional de la entidad.
Además, las autoridades sostienen que también se habrían realizado maniobras orientadas a retrasar audiencias judiciales para facilitar posibles vencimientos de términos y beneficiar a investigados con la recuperación de su libertad. La investigación ha generado preocupación debido a la gravedad de los señalamientos y al impacto que este tipo de conductas tendría sobre la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de administrar justicia.
Para distintos sectores jurídicos, este caso refleja la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno y vigilancia dentro de las entidades judiciales, especialmente frente al manejo de información sensible y procesos penales. Aunque la Fiscalía presentó los elementos materiales probatorios obtenidos durante la investigación, será en el desarrollo del proceso judicial donde se determine la responsabilidad individual de los implicados.
Por ahora, ambos continúan vinculados formalmente a la actuación penal y deberán responder ante la justicia por los delitos que les sean imputados. El caso también vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la corrupción dentro de instituciones públicas y el impacto que estas prácticas generan en la credibilidad del sistema judicial colombiano, particularmente en regiones donde la ciudadanía exige mayor transparencia y resultados efectivos frente a la criminalidad.
