En un operativo adelantado por la Policía Metropolitana de Tunja, fue capturada una mujer conocida con el alias de “La Estafadora”, señalada de estar detrás de una modalidad de extorsión que viene generando preocupación entre las autoridades: la llamada “falsa encomienda”. Según el reporte oficial, la implicada habría logrado obtener más de 17 millones de pesos engañando a ciudadanos mediante llamadas y mensajes intimidantes.
De acuerdo con las investigaciones, la mujer contactaba a sus víctimas haciéndose pasar por intermediaria de empresas de mensajería o supuestas autoridades. Les informaba que tenían una encomienda retenida que contenía sustancias ilegales, generando miedo y presión psicológica. Bajo esta amenaza, exigía pagos inmediatos a cambio de “evitar” problemas judiciales, logrando que varias personas consignaran dinero por temor a ser vinculadas a delitos que nunca cometieron.
Las autoridades calificaron este caso como especialmente grave, no solo por el monto del dinero recaudado, sino por el impacto emocional y psicológico en las víctimas. Este tipo de extorsión explota el miedo, la desinformación y la urgencia, lo que facilita que los ciudadanos actúen sin verificar la veracidad de la información.
En términos legales, la mujer deberá responder por el delito de extorsión, contemplado en el Código Penal colombiano. Este delito puede acarrear penas que oscilan entre los 8 y 15 años de prisión, dependiendo de factores como la cantidad de dinero obtenida, la reiteración de la conducta y la posible participación de una red criminal. Además, podrían sumarse cargos adicionales si se comprueba la existencia de cómplices o la utilización de medios electrónicos para delinquir.
Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a otras posibles víctimas y determinar si detrás de este caso existe una estructura más amplia de delincuencia organizada. Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para no caer en este tipo de engaños, verificar siempre la información y denunciar cualquier intento de extorsión ante las líneas oficiales.
Este caso deja en evidencia cómo las nuevas modalidades delictivas evolucionan y se adaptan, poniendo en riesgo la seguridad económica y emocional de la población.
