El Gobierno Nacional confirmó el traslado de 39 personas privadas de la libertad que permanecían en establecimientos penitenciarios de Barranquilla. Los internos fueron enviados a cárceles de alta seguridad ubicadas en diferentes regiones de Colombia.
La medida busca impedir que personas vinculadas a estructuras criminales continúen coordinando actividades delictivas desde los centros penitenciarios. Según el Gobierno, uno de los principales objetivos es cortar las redes de comunicación que permitirían impartir órdenes desde las cárceles.
El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que las autoridades no permitirán que los internos continúen utilizando las prisiones para ordenar actividades criminales o extorsiones. Los traslados se realizaron con apoyo de la Fuerza Pública y bajo medidas de seguridad.
Este operativo hace parte de una serie de traslados realizados durante las últimas semanas. Según reportes recientes, más de 200 personas privadas de la libertad han sido trasladadas desde el 7 de agosto como parte de las medidas de seguridad implementadas en el sistema penitenciario.
Las autoridades esperan que el traslado a establecimientos de mayor seguridad dificulte la comunicación entre los internos y las organizaciones criminales que operan fuera de las cárceles. La estrategia busca fortalecer el control penitenciario y reducir la capacidad de estas estructuras para continuar coordinando delitos desde prisión.
