La Asamblea Legislativa de El Salvador, bajo el firme control del partido oficialista Nuevas Ideas, dio un paso histórico este martes 17 de marzo de 2026 al aprobar una reforma que introduce la cadena perpetua en el sistema judicial del país. El cambio al artículo 27 de la Constitución establece que esta pena máxima recaerá exclusivamente sobre homicidas, violadores y terroristas, eliminando así la prohibición histórica de las penas de prisión de por vida. Por esta razón, el gobierno de Nayib Bukele busca garantizar que los líderes de estructuras criminales y agresores sexuales permanezcan tras las rejas de forma definitiva sin posibilidad de libertad condicional. Asimismo, la votación contó con el respaldo sorpresivo de dos diputados de la oposición, sumando 59 votos a favor de los 60 posibles en una sesión que omitió el debate previo y el estudio técnico tradicional.
Respecto al trámite legislativo, los diputados deben ratificar esta enmienda en una futura sesión plenaria para que el texto constitucional cambie oficialmente y entre en vigencia en todo el territorio nacional. De igual manera, el Congreso salvadoreño planea reformar simultáneamente el Código Penal y la Ley Penal Juvenil para homologar las sentencias con la nueva jerarquía de la Carta Magna. Por tal motivo, la diputada oficialista Suecy Callejas enfatizó que esta medida representa una garantía de seguridad para las familias que sufrieron el terror de las pandillas durante décadas. Además, el uso de mecanismos de aprobación «exprés» permite que el partido gobernante valide estos cambios estructurales en una sola legislatura, saltándose el requisito de esperar a un nuevo periodo legislativo para la ratificación.
Bukele logra la aprobación de la cadena perpetua para criminales graves
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Por otra parte, diversos organismos internacionales de justicia y reportes verificados de agencias como EFE resaltan que esta medida coincide con el cuarto aniversario del régimen de excepción en el país. Diversas fuentes oficiales informan que, bajo este marco jurídico especial iniciado en marzo de 2022, las autoridades han encarcelado a más de 91.300 personas acusadas de pertenecer a maras o tener vínculos con el terrorismo. Adicionalmente, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, defendió la iniciativa asegurando que la sociedad salvadoreña anhela un entorno libre de homicidas, lo que justifica levantar las restricciones a la prisión perpetua. Igualmente, defensores de derechos humanos mantienen las alarmas encendidas ante el reporte de al menos 500 muertes bajo custodia estatal durante los últimos cuatro años de operativos masivos.
En cuanto a la estabilidad institucional, los críticos del gobierno señalan que la capacidad de reformar la Constitución de forma inmediata otorga un poder sin precedentes al Ejecutivo sobre el sistema de penas. Por consiguiente, la aprobación de la cadena perpetua se suma a otras enmiendas polémicas que permitieron recientemente la elección presidencial indefinida en la nación centroamericana. Por otro lado, la administración de Bukele sostiene que el éxito en la reducción de los índices de homicidios valida la implementación de castigos más severos para los criminales de alta peligrosidad. De este modo, El Salvador se aleja de los modelos de rehabilitación tradicionales para enfocarse en una política de seguridad punitiva que prioriza el aislamiento total de quienes el Estado considera una amenaza permanente.
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Mientras el sistema judicial se prepara para aplicar estas nuevas condenas este miércoles de marzo, los analistas políticos proyectan que la medida fortalecerá el apoyo popular hacia la gestión del mandatario antes de las próximas jornadas electorales. La transparencia en el manejo de los datos de criminalidad resulta vital para que la comunidad internacional evalúe el impacto real de estas penas perpetuas en la reducción de la violencia a largo plazo. De igual modo, los expertos en derecho constitucional sugieren que el país enfrenta ahora el reto de adecuar su infraestructura carcelaria para albergar a miles de reclusos de forma permanente bajo estándares mínimos de humanidad. Así, la jornada informativa sobre la región cierra con un cambio de paradigma legal, reafirmando que El Salvador apuesta todo por la mano dura para enterrar definitivamente su pasado de guerra entre pandillas.
