La red hospitalaria de Bucaramanga está en alerta máxima. Una deuda acumulada de $465.000 millones tiene al sistema de salud al borde del colapso. Diez IPS públicas y privadas han advertido que la situación financiera es insostenible, especialmente por los pagos que no llegan desde la Nueva EPS, actualmente intervenida. Bucaramanga enfrenta su peor crisis hospitalaria.
La secretaria de Salud de Bucaramanga, Claudia Mercedes Amaya, lideró el llamado urgente al Gobierno Nacional, solicitando que la Comisión Séptima del Senado cite a debate al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, a la Superintendencia Nacional de Salud y a la ADRES, para encontrar rutas de solución.
“La red hospitalaria está asfixiada, ya no da más”, advirtió Amaya.
Entre las IPS afectadas se encuentran instituciones clave como el ISABU, Clínica San Pablo, ISNOR y el Hospital Psiquiátrico San Camilo.
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Cierre de servicios y colapso en atención médica; Bucaramanga enfrenta su peor crisis hospitalaria
La situación ya comenzó a afectar a los pacientes. El pasado 1 de junio, la Clínica Chicamocha cerró su unidad materno infantil, dejando sin atención en partos y cuidados intensivos neonatales a decenas de familias. A esto se suma la suspensión de servicios y citas médicas por parte de la Nueva EPS, según denunció Hernán Zárate, gerente del ISABU.
“Desde el 15 de abril no nos autorizan servicios para más de 50.000 usuarios”, señaló Zárate.
La deuda catalogada como “impagable” por la Secretaría de Salud asciende a $163.000 millones, de los cuales más del 50% corresponde a la Nueva EPS
Llamado urgente al Congreso y al Gobierno Nacional
Claudia Amaya pidió al Congreso que asuma su responsabilidad frente a la emergencia. Además, denunció que el 63,7% de los bumangueses están afiliados a EPS intervenidas, lo que agrava la presión sobre las instituciones.
“No hay doliente. Nadie responde por la deuda anterior a las intervenciones. Necesitamos una solución real, inmediata y con financiación”, insistió.
El sector salud en Bucaramanga emplea a más de 4.900 personas. La crisis amenaza no solo la atención en salud, sino también la estabilidad laboral y económica de miles de familias. Además, se acumula una cartera por más de $58.000 millones en servicios del SOAT, cuya recuperación se ha vuelto casi imposible por la demora en la expedición de los certificados de agotamiento de cobertura.