POR: VICTOR RIVAS MARTINEZ.
Drogas la Rebaja, es una reconocida red de distribución de medicamentos, que tiene a nivel nacional más de 900 puntos.
Esta cadena de droguerías fue fundada en los años 70 del siglo pasado, por los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, la cual, según fuentes oficiales de Estados Unidos y Colombia, se constituyó con el propósito de lavar dinero producto del narcotráfico.
El pasado 13 de julio, el Tribunal Superior de Bogotá ratificó la sentencia de extinción de dominio que pesaba sobre la empresa y que afectaba a más de 10.000 familias en todo el país. Proceso que inició cuando los capos caleños fueron capturados en 1990.
Desde hace 30 años, Drogas La Rebaja, ha sido administrada por Coopservir, cooperativa conformada por sus 4.100 empleados, que afortunadamente la mantienen viva a nivel nacional.
El gobierno por intermedio de la Sociedad de activos especiales, según lo anunció el presidente Petro, ha decidido no vender estas droguerías, y por el contrario aprovecharlas para que se constituya en una cadena de producción y distribución de medicamentos a precios más económicos que los de la competencia, con el propósito que los ciudadanos podamos adquirir medicamentos más baratos.
La administración de Drogas la Rebaja, ahora en manos del Estado, quedará bajo la dirección del Ministerio de Salud.
Cómo da vueltas la vida, de ser una cadena de droguerías manejadas por los Rodríguez Orejuela, destinadas a lavar dinero del narcotráfico, ahora pasa a ser del Estado, manejada por el Ministerio de Salud, destinada a producir medicamentos genéricos al servicio de la comunidad.
Brillante idea del gobierno, como también es la de entregar tierras de los paramilitares y de los narcotraficantes, a campesinos sin tierras, para que las vuelvan productivas.
Con estas decisiones, no se acaba Drogas la Rebaja, sino que se preservan los empleos y se aprovecha esa importante infraestructura para ponerla al servicio de los más necesitados.
Quiera Dios, que este sano propósito no se convierta en un nido de corrupción y politiquería, como siempre ha ocurrido, cuando el estado asume el manejo de empresas que funcionan bien en manos del sector privado.