Briceño, Antioquia: la guerra regresa con fuerza al norte del departamento
El municipio de Briceño (Antioquia) vive una de las crisis más graves de los últimos años tras la incursión de las disidencias de las FARC, especialmente del Frente 36, que ha impuesto control territorial y sembrado miedo entre los habitantes. La violencia ha dejado asesinatos, desplazamientos masivos y una militarización de las zonas rurales donde antes predominaba la vida campesina.
Más de 2.100 desplazados por la violencia en Briceño
Según autoridades locales, más de 2.100 personas han sido desplazadas de al menos 23 veredas del municipio. Familias enteras han tenido que abandonar sus hogares, cultivos y animales en medio del fuego cruzado.
El casco urbano se ha convertido en un centro improvisado de recepción de víctimas, donde la administración municipal admite no tener la capacidad para atender la magnitud de la emergencia humanitaria.
Disidencias de las FARC controlan zonas estratégicas y recursos naturales
Los grupos armados ilegales se han posicionado en áreas con alto valor estratégico, aprovechando rutas de movilidad y zonas de explotación minera, especialmente de oro.
Además, han lanzado amenazas contra infraestructuras clave, como la central hidroeléctrica de EPM (Empresas Públicas de Medellín), lo que ha incrementado el temor entre los pobladores.
Toque de queda y ley seca por crisis de seguridad
Ante el aumento de la violencia y los enfrentamientos, las autoridades municipales decretaron toque de queda y ley seca. Estas medidas buscan prevenir disturbios entre los desplazados y frenar la expansión del conflicto hacia el casco urbano.
Sin embargo, el llamado urgente a mayor presencia militar en las zonas rurales sigue sin una respuesta contundente del Estado.
Un nuevo capítulo del conflicto armado en Colombia
La situación de Briceño refleja cómo el conflicto armado colombiano persiste en territorios rurales, donde la guerra se mezcla con la economía ilegal, el narcotráfico y la ausencia institucional.
El drama humanitario de miles de campesinos atrapados entre el miedo y la violencia representa un reto urgente para el Estado colombiano y para la defensa de los derechos humanos en Antioquia.