Continúa la controversia nacional por una operación militar realizada en Guaviare, en la que murieron integrantes de una estructura armada y posteriormente se confirmó que entre los fallecidos había tres menores de edad. El operativo fue realizado contra un grupo de las disidencias de las FARC, pero el caso generó un intenso debate debido a que los menores podrían haber sido víctimas de reclutamiento por parte de esa organización. La Defensoría del Pueblo pidió al Gobierno y a las Fuerzas Militares extremar las medidas para proteger a niños y adolescentes que se encuentren dentro de campamentos de grupos armados.
El Gobierno y las Fuerzas Militares, por su parte, han defendido la operación y han señalado que se trató de una acción contra una estructura armada ilegal. El caso abrió nuevamente la discusión sobre cómo combatir militarmente a los grupos ilegales sin poner en peligro a menores que hayan sido reclutados. La situación también ha generado cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos y mantiene abierto el debate sobre las condiciones en las que deben realizarse este tipo de operaciones.
