El hallazgo de una bomba sin detonar en zona rural del municipio de Ipiales, en el departamento de Nariño, ha generado una fuerte controversia internacional luego de que el presidente Gustavo Petro asegurara que el artefacto podría haber sido lanzado desde Ecuador.
Según información oficial, el explosivo fue encontrado en un área cercana a la frontera colombo-ecuatoriana, específicamente en un cultivo en el corregimiento de Jardines de Sucumbíos. El artefacto, que no alcanzó a explotar, tendría un peso aproximado de 250 kilogramos y actualmente es materia de investigación por parte de las autoridades colombianas.
El mandatario colombiano afirmó que existen indicios de que la bomba fue lanzada desde una aeronave, lo que, según su análisis, descartaría la responsabilidad de grupos armados ilegales que no cuentan con este tipo de capacidad operativa. En ese sentido, Petro sugirió que el origen del artefacto podría estar vinculado a acciones provenientes del vecino país.
Este hecho se suma a otro hallazgo aún más grave: el descubrimiento de al menos 27 cuerpos en la misma zona fronteriza, lo que ha incrementado las sospechas del Gobierno colombiano sobre posibles bombardeos en territorio nacional.
Por su parte, el gobierno de Daniel Noboa rechazó categóricamente las acusaciones y aseguró que las operaciones militares ecuatorianas se han realizado únicamente dentro de su territorio, en el marco de su lucha contra organizaciones vinculadas al narcotráfico.
La situación ha elevado la tensión diplomática entre ambos países, que ya venían enfrentando diferencias comerciales y de seguridad en la frontera. Mientras Colombia insiste en esclarecer el origen del explosivo, Ecuador mantiene su postura de no haber violado la soberanía del país vecino.
Las autoridades colombianas continúan con las investigaciones para determinar cómo llegó la bomba al territorio nacional y establecer responsabilidades en un caso que podría escalar aún más las relaciones bilaterales en la región.
